Desarrollo rural sostenible
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en inglés), realiza en esta semana su 35avo período de sesiones de la Conferencia Regional de la FAO para América Latina y el Caribe. El cónclave reúne a las autoridades de todos los ámbitos involucradas en las políticas, públicas y privadas, en torno a la erradicación del hambre y las formas de malnutrición en nuestra región.
A pesar de que la riqueza mundial creció significativamente durante las últimas dos décadas, y los países de ingreso mediano han recuperado terreno frente a los países de ingreso alto, aún persisten problemas en torno a la alimentación, que requieren acciones contundentes por parte del Estado y el resto de la sociedad.
Este será un tema importante que abordar en la Conferencia de la FAO, especialmente por la “significativa transformación estructural de las zonas rurales en países de América Latina y el Caribe”. Los expertos están preocupados porque esta transformación ha “excluido a millones de jóvenes que carecen de acceso a trabajos decentes, mientras que la extrema pobreza sigue limitando las oportunidades de una cuarta parte de la población rural de la región”.
Aún persisten grandes desigualdades territoriales que perpetúan la pobreza en las localidades, lo que a su vez desemboca en conflictos sociales y políticos, en la afectación constante al medio ambiente y la preocupante inseguridad de los ciudadanos.
Por ende, la FAO advierte que no son suficientes las estrategias tradicionales de desarrollo rural, a la hora de garantizar una transformación estructural sostenible e inclusiva desde el punto de vista social en las zonas rurales.
El hambre es el escándalo moral de nuestros tiempos, como dice el Papa Francisco. A la región de América Latina y el Caribe debe preocuparle especialmente este tema, debido a que la desaceleración de las economías de la región en el período 2015-2016, que resultó en 18 millones de pobres más para el territorio latinoamericano, también resultó en 2.4 millones de latinoamericanos más padeciendo hambre. Y aunque nuestro país tiene importantes resultados que mostrar en torno a la disminución del hambre y la desnutrición, no podemos obviar que el rescate de la ruralidad para la producción sostenible es impostergable. Hoy en día, 183 mil familias del programa Progresando con Solidaridad participan de las estrategias de huertos familiares y comunitarios, a la vez que 23 mil familias se han involucrado en la crianza de animales. El apoyo de la FAO y del PMA en estos proyectos ha sido invaluable.
El desarrollo rural sostenible, como hemos apuntado en otras ocasiones, depende de varios factores, entre los que resalta la necesidad de acceso a asistencia técnica, el financiamiento blando, el seguro ante desastres y, muy importante, el uso de tecnologías y estrategias de resiliencia ante choques climáticos y para la protección del medio ambiente.
El trabajo que se realice en torno a este tema debe combinar de la mejor manera posible la información objetiva y la intuición política, para lograr lo que Rafael Pinilla Pallejá denominó la “doble legitimidad”, es decir, la legitimidad científica y la democrática.
La Ley núm. 589-16, que crea el Sistema Nacional para la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional en la República Dominicana, aunado al extraordinario esfuerzo realizado en torno a la Hoja de Ruta para el cumplimiento del ODS 2, donde participaron decenas de instituciones públicas y privadas, con el seguimiento de la Vicepresidencia, el Gabinete Social, la FAO, el PMA y otras instituciones, son las cartas más importantes con las cuales podremos ganar la partida al hambre y la malnutrición.