La matanza de La Cantuta

Hace 20 años el amigo país del Perú, se vio estremecido por el hallazgo de los restos de diez personas, nueve alumnos y un profesor de la Universidad Enrique Guzmán y Valle, “La Cantuta”. Los 10 habían desaparecido de los pasillos de dicha casa de estudios un año antes, el 18 de julio del 1992, Ese día, se dice que los integrantes del grupo paramilitar Colina, ingresaron a la fuerza a las residencias de la Cantuta y luego de obligar a todos los estudiantes a salir de sus habitaciones secuestraron a nueve de ellos. Junto a ellos estaba un profesor, todos ellos eran acusados de estar conectados con el coche bomba que días atrás había dejado 25 muertos y 200 heridos en Tarata.

Luego que sus familiares denunciaran la desaparición, pasó cerca de un año sin que se supiera nada de ellos, hasta que el 8 de julio de 1993 en un descampado en Cieneguilla se encontraron los restos de los estudiantes, y el profesor. Fue Julio Arizapana Vicente, un reciclador, quien dio a conocer el lugar donde se encontraban los cadáveres; y luego de publicarse en medios de prensa, se obligó a la fiscalía a ir al lugar donde se hallaron las cuatro fosas que contenían los restos. Luego de la pruebas de ADN se comprobó que los restos pertenecían a los estudiantes y al profesor desaparecido. Sin embargo la confirmación llegó cuando el manojo de llaves encontrado en una de las fosas abrió la puerta de la casa de una de las víctimas de dicha matanza.

El 21 de febrero de 1994, el Tribunal Militar sentenció a diez de los responsables, quienes fueron liberados el 5 de julio de 1995 gracias a la aprobación de la Ley N∞ 26749 -Ley de Amnistía, de fecha 14 de junio de 1995, que ordenaba la liberación de policías, soldados y civiles que purgaban condena o que estuvieran acusados de delitos civiles o militares durante la lucha terrorista. El 29 de noviembre de 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sentenció al Estado peruano por los crímenes perpetrados en La Cantuta.

Esta sentencia, y la de Barrios Altos, contra Perú, y la sentencia de Velázquez Rodríguez contra Honduras, fueron ofrecidas como prueba por el Fiscal de turno ante la Sala Penal Especial que se avocó al conocimiento de los hechos. Recomiendo el trabajo de Isabel Tello Carbajal, Directora de la Comisión de Cursos y Capacitaciones de THEMIS, en su artículo: Enfoque de derecho. Enhorabuena.