Protección social y desastres
Los efectos del cambio climático han colocado al mundo en una situación de riesgo constante, ante la posibilidad de desastres naturales que resultan ser cada vez fuertes. Esta situación llama a la reflexión sobre los vínculos existentes entre las políticas de protección social y la gestión de riesgos ante desastres.
El Oxford Poverty Management y el Programa Mundial de Alimentos, con el apoyo del Gabinete de Políticas Sociales y otras instituciones públicas y organizaciones no gubernamentales, han publicado una interesante investigación sobre este tema, enfocada en la experiencia de la República Dominicana, con el propósito de fortalecer la capacidad del sistema de protección social para responder a situaciones de emergencias.
El informe plantea que en América Latina y el Caribe ha aumentado considerablemente la frecuencia de los desastres naturales. De 19 desastres por década en el 1960, hemos pasado a 68 desastres solamente en la primera década del siglo XXI.
En vista de las recientes experiencias de la República Dominicana con los huracanes Irma y María, que afectaron a zonas vulnerables del país, resulta esencial profundizar sobre este tema, puesto que resulta evidente que los desastres naturales, y su efectos negativos, continuarán impactando a nuestro país.
Y también es necesario ver el tema desde el punto de vista de choques epidemiológicos, como ha sucedido recientemente con los virus del Zika o la Chikungunya. Se trata de situaciones que afectan en mayor medida a las personas que viven en vulnerabilidad o pobreza y que, por ende, se transforman en escollos para superar las limitantes que impiden el desarrollo del país.
Si bien es cierto que el Plan Social de la Presidencia, el Servicio Nacional de Salud y Comedores Económicos responden con efectividad a las necesidades inmediatas de las víctimas de desastres naturales, también se hacen necesarias políticas específicas que atiendan a estas personas en el mediano y largo plazo.
Las recomendaciones fruto de la investigación realizada por Rodolfo Beazly, contemplan una expansión temporal de los programas de transferencia monetaria condicionada, para incluir a todas las zonas afectadas, sin importar su condición. Esta experiencia ha sido implementada con éxito por los programas sociales, ante desastres naturales en el norte del país, en específico ante el paso de las tormentas Noel y Olga en el año 2007.
En aquella ocasión, se incorporó temporalmente a familias al programa, para que pudieran asegurar una provisión constante de alimentos, hasta tanto mejoraran sus condiciones en el mediano plazo.
A estas experiencias se ha unido el trabajo que recientemente desarrollamos para dotar al país de la primera medición de vulnerabilidad ante cambio climático, denominada IVACC, que permite focalizar los esfuerzos de gestión de desastres, en las zonas que realmente tienen mayor vulnerabilidad.
El Centro de Operaciones de Emergencia ya dispone de una metodología de trabajo basada en este indicador, desarrollada por el Sistema Único de Beneficiarios, institución que forma parte del Gabinete Social.
El trabajo en torno a este tema está estrechamente vinculado a lo dispuesto por la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, que llama a que los programas de protección social permitan a todos los ciudadanos vivir con un estándar de calidad de vida digno. En ese sentido, debemos continuar trabajando en intervenciones y políticas públicas relevantes, que resulten en una mejor respuesta ante desastres, choques climáticos y epidemiológicos.