Gran Pacto Social no avanza en el tiempo como lo planteó Danilo

Al iniciar su primer gobierno el presidente Danilo Medina planteó la urgente necesidad de concertar un Gran Pacto Social en República Dominicana. Se consideró entonces que esta sería una de las propuestas nodales para sentar las bases de un nuevo modelo de desarrollo.

El mandatario propició de inmediato encuentros con el expresidente Hipólito Mejía, a quien había derrotado en esos comicios y era uno de los líderes de la facciones en que estaba dividido el principal partido opositor en ese momento, el Revolucionario Dominicano (PRD).

También recibió en su despacho al presidente de ese partido, Miguel Vargas, y visitó al presidente de su aliado Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Carlos Morales Troncoso, en su residencia de La Romana, y se reunió con Luis Abinader, que había sido el candidato vicepresidencial de Mejía en 2012. Así desfilaron por ante la figura presidencial representantes de los sectores congresionales, empresariales, sindicales, sociales y partidos aliados.

Los fundamentos del Gran Pacto Social en el nuevo gobierno se sustentaban en tres pilares específicos dentro de la Estrategia Nacional de Desarrollo, que definió un pacto fiscal, un pacto por la educación y un pacto por la electricidad.

A cinco años de la iniciativa del presidente Medina, que se reeligió el año pasado, a penas se inició la aplicación del pacto por la educación, que permitió la inversión del 4% del Producto Interno Bruto (PIB) a partir del Presupuesto General de la Nación de 2013, y que todavía avanza dando tumbos, pero con más luces que sombra.

Del Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico todo el país ha sido testigo del drama por el que atraviesa, desde que iniciaron las discusiones el 20 de enero de 2015, luego de ser convocado por el jefe del Estado mediante el decreto 389-14.

En todo ese lapso, el interés particular ha primado sobre el bien común. Las secciones plenarias encabezadas por el Consejo Económico y Social (CES), de las manos de monseñor Agripino Núñez Collado, y el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, se han ido aplazando unas tras otras, pese a que todos están de acuerdo de que es vital un sistema eléctrico sostenible y confiable, para que el país logre salir del subdesarrollo y elevar su competitividad a nivel internacional.

La próxima convocatoria del Pacto Eléctrico está programada para el martes 19 de este mes, quedando enlistados más de 20 puntos como disensos y otros enviados a discusión en comisiones de trabajo, lo que hace pensar que está en una etapa final. No obstante, prevalecen versiones de que sectores participantes en las discusiones están desmotivados porque el 90% de los consensos alcanzados están contenidos en la Ley de Electricidad.

Se advierte que otros desafíos claves como la rectoría del sistema, régimen de consecuencias, derechos de los consumidores y veeduría social han sido engavetados para imponer la discrecionalidad del gobierno.

Con relación al pacto fiscal, el propio presidente Medina solo se ha limitado, principalmente durante el proceso electoral pasado, al igual que su equipo económico, a negar que estuviera en la agenda del gobierno una reforma fiscal. Aunque sí la había asumido tras ganar la presidencia en 2012, cuando contó con el beneplácito de los legisladores, quienes le aprobaron un proyecto sin mayor dilación depositado el 24 de octubre de ese año, para recaudar RD$53,000 millones (1.9% del PIB).

De ahí en adelante, el mandatario ha evadido el tema del pacto fiscal, por encima de la insistencia empresarial, a sabiendas del costo político que le podría acarrear en esta coyuntura. La única referencia oficial que se dispone es una reunión del 8 de junio de 2016 entre el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Impuestos Internos, para evaluar junto al sector privado la actual situación fiscal de República Dominicana, con miras a inicial las discusiones para aplicar el Pacto Fiscal. Al parecer todo quedó en una nebulosa

Si el presidente Medina no hace una reingeniería a su planteamiento del Gran Pacto Social, podría resignarse al igual como lo hizo el expresidente Leonel Fernández en su última comparecencia a la Asamblea Nacional en 2011, guardando la distancia.

En ese escenario Fernández admitió haber fracasado en su intento por persuadir a las fuerzas políticas convocadas durante varios meses al Palacio Nacional, con la finalidad de arribar a un acuerdo que en aquel momento denominó “Pacto Histórico”, para aprobar una serie de medidas que se constituyeran en una línea de defensa ante las amenazas provenientes del exterior y como salvaguarda de las propias vulnerabilidades internas.