Más que una espinita

Los dominicanos pareciéramos condenados a sufrir todo tipo de vejámenes, burlas y presiones, que pretenden -y logran muchas veces- mantenernos de rodillas, dando explicaciones y rogando clemencia sobre el estado de las relaciones con nuestro vecino, Haití. Reuniones van y vienen.

Promesas van y vienen. Expectativas, engaños que ya no nos causan sorpresa. Ese es el estado real de las relaciones dominicohaitianas.

Una gran componenda --política y de intereses nacionales e internacionales, dominicanos y haitianos, incluidos-- que es más que una simple espinita en el zapato y que el Gobierno dominicano, como institución y desde siempre, ha sido sumamente tímido en enfrentar la situación con decisión, hasta que en 2013 se dictara la sentencia 168-13.

El canciller Miguel Vargas, en apenas en nueve meses al frente de la diplomacia dominicana, se ha reunido por lo menos tres veces con el actual canciller haitiano, Antonio Rodrigue. Ya había hecho lo mismo con el anterior, Pierrot Delienne. Ambos prometiendo consolidar, ampliar, las relaciones y, en especial el comercio entre las dos naciones.

La verdad ha sido otra, y muy diferente. Cuando en octubre del 2015 el gobierno haitiano impuso una veda a la entrada de 23 productos dominicanos por la frontera terrestre, se alegó la búsqueda de mecanismos para el cobro efectivo de impuestos aduanales haitianos.

Mentira. El propósito era, y lo lograron, que un grupo de empresarios y comerciantes haitianos acaparara el comercio de comestibles, cemento, plásticos y otros productos, importándolos desde otros destinos.

La veda duró, ofi cialmente, hasta septiembre del 2016.

El 27 de abril pasado, durante una visita ofi cial al país, el canciller haitiano, Rodrigue, estrechando la mano y mirando a la cara de nuestro canciller, Miguel Vargas, aseguró que se iniciaba una nueva etapa en el fortalecimiento de las relaciones diplomáticas y comerciales entre los dos países. Un nuevo engaño.

Apenas un mes después, el país recibe de nuevo la puñalada altera de los haitianos, al impedir la entrada por las fronteras terrestres de más de una veintena de productos dominicanos.

Como paradoja, ese mismo 27 de abril, los enemigos del país -- externos e internos-- nos metían de nuevo el cuchillo por la espalda a través de la incolora, tendenciada y controlada Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, una dependencia de la OEA, que nos acusaba de xenófogos, abusadores, persecutores de haitianos y nos colocaba en una nefasta y exclusiva ‘lista negra’, junto a Cuba y Venezuela, como violadores de los derechos humanos.

Tuvo nuestro canciller Miguel Vargas que ir a las ofi cinas del temperamental y enigmático secretario general de la OEA, Luis Almagro, a quejarse de la infamia de la CIDH contra el país, recibiendo, por lo menos, una satisfacción de reconocimiento público de que esta vez se había cometido ‘una grave injusticia’ contra los dominicanos.

Es de enemigos jurados y de ingratos acusar de xenófogos y violadores de derechos humanos a una nación que gastó más de $1,300 millones de pesos en un gran operativo para dotar a los haitianos ilegales de documentos para que pudieran permanecer en el país, a una nación que gastó unos $10,000 millones de pesos en asistencia a las víctimas del terremoto del 12 de enero del 2010, a una nación que gasta casi $5,000 millones de pesos al año asistiendo a millares de mujeres haitianas que vienen a alumbrar en nuestros hospitales, de gratis.

Es lo que defi no como una combinación siniestra: sectores de la denominada ‘comunidad internacional’ --determinados gobiernos, ONGs y organizaciones nacionales-- , infl uyentes de la clase empresarial haitiana y grupos enquistados en la ‘sociedad civil’ nuestra, apoyados por esa malvada bullanguería mediática.