El costo de hacer política
El país discute hoy una reforma a la Ley Electoral en el Congreso que ha suscitado debates públicos interesantes sobre temas como el voto obligatorio, el voto preferencial, primarias, debate obligatorio, financiamiento de partidos. Sin embargo, el eje del problema estructural, raíz esencial de la corrupción, no quiere debatirse y mucho menos tomar las iniciativas para atacarlo frontalmente.
¿Cuánto vale hacer política en la República Dominicana? ¿Cuánto vale una campaña presidencial con posibilidades de triunfo? ¿Cuánto vale una campaña a alcalde, a senador o a diputado? En las respuestas a estas preguntas está el origen de un sistema electoral clientelista y corrupto, que no puede parir otra cosa, posteriormente, que poderes públicos comprometidos con la corrupción.
Una campaña presidencial en la República Dominicana con posibilidades de triunfo, sobrepasa por mucho los mil millones de pesos y creo que me quedo muy corto, en esa cifra conservadora. Solo el día de las elecciones la campaña presidencial que no tenga mínimo 500 o 600 millones de pesos disponibles para repartirlo entre sus dirigentes y que éstos muevan su militancia a los centros de votación, no tiene posibilidades de éxito.
El sistema electoral dominicano está tan corrompido que en los barrios y campos más pobres, los militantes y simpatizantes de los partidos y sus dirigentes de base no se mueven “si no hay cuartos”. Negociar yendo a votar a cambio de un picapollo y 500 pesos es la lamentable norma. Si no aparece esa “grasa”, como se dice popularmente, se quedan en su casa y no votan. En otras palabras, el ir o no a votar se ha convertido en un negocio enorme el día de las elecciones.
Hacer política y competir electoralmente se convierte, por las circunstancias antes expuestas, ya no en un choque de propuesta de ideas y de opciones ideológicas, sino en una competencia de quién tiene más dinero. Y esa es una de las raíces fundamentales del problema que tenemos. Los poderes públicos que nacen en las elecciones son un reflejo de esa competencia de “democracias de papeleta”.
El costo de la política en la República Dominicana obliga a los candidatos, en la mayoría de los casos, que quieren llegar a la presidencia, a las alcaldías y al Congreso, a comprometer su accionar como funcionarios electos. Se sienten “obligados” a devolver los favores “económicos” recibidos, y cuando han gastado dinero propio o de su familia, “recuperar” lo invertido.
Un candidato presidencial, para poder obtener tantos millones de pesos, en muchos casos se ve tentado a pactar con empresarios y con intereses oscuros del narco y del crimen organizado. “Recolectar dinero como sea” para ganar las elecciones, se convierte en un norte central.
¿Podemos plantearnos entonces como país luchar contra la corrupción y mejorar nuestro sistema electoral e institucional, sin atacar estas realidades que he descrito? Podemos hacer un ejercicio cosmético de Reforma Electoral y de Ley de Partidos, pero si no atacamos la raíz del problema, nada cambiará. Todo lo contrario, seguirá cambiando para empeorar y corroer nuestro ya exhausto y agotado modelo de democracia, sujeta a graves y legítimos cuestionamientos.
El voto obligatorio (agregándole la casilla “por ninguno”) es una de las reformas esenciales para atacar la corrupción el día de las elecciones; para acabar con la práctica de que quedarse o no en su casa para cientos de miles de ciudadanos, es un instrumento para negociar. Si aprobamos el voto obligatorio, que como bien expresó el colega y amigo Eduardo Jorge Prats no es inconstitucional, todos los ciudadanos estarán obligados a ir a cumplir con el deber fundamental establecido en el artículo 75 de la Constitución.
La negociación de ir o no a votar se acabaría. La compra de votos se haría mucho más difícil, puesto que, una vez en la urna, nadie puede garantizarle a nadie por quién vota, porque no hay prueba de ello. Se le haría muy difícil a los compravotos realizar su obscena labor.
Acortar los tiempos de campaña; garantizar el acceso igualitario a los medios de comunicación, son otras medidas que atacarían el costo de hacer política en la República Dominicana. Abrámosle las puertas a muchos jóvenes valores que tienen la preparación, la honestidad y el deseo de ayudar a su país, a los que el sistema político electoral actual les ha cerrado las puertas, simple y llanamente porque no tienen dinero.
Sé que es difícil que el partido que tiene hegemonía en el poder y mayoría en el Congreso ataque frontalmente mediante la reforma propuesta estos temas, porque ellos son los beneficiarios mayores del mismo. Pero, si no hacemos algo y aprovechamos la oportunidad en esta coyuntura, los cambios tendrán que venir por otra vía, pues simple y sencillamente el país no aguanta más un sistema clientelista y cada día más corrupto, que se refleja al final en el costo de hacer política y los compromisos posteriores que estos costos entrañan.