Lo que está sucediendo con las plantas de carbón era perfectamente previsible. El megaproyecto de Punta Catalina, el más grande contrato de obras públicas en la historia de la República, estuvo marcado por serios vicios desde su nacimiento.

El proyecto de Punta Catalina es dañino desde el punto de vista ambiental, la licitación que permitió su adjudicación estuvo marcada por graves irregularidades, el precio que se pagará por las plantas está sujeto a variaciones en detrimento del Estado dominicano, los costos financieros no están incluidos en el contrato, su licencia ambiental fue otorgada en violación a la ley por el propio ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y el contrato entre el Estado y consorcio que construye las plantas está siendo violado desde el primer día.

La historia del proyecto ha estado plagada de mentiras y de una absoluta falta de transparencia. En el contrato se especifica que los beneficiarios de la adjudicación están obligados a procurar y obtener la mayor parte de los recursos financieros necesarios para la construcción de la obra. No lo han hecho y el Estado, asumiendo un rol que no le correspondía, ha invertido fondos públicos en la construcción y se ha endeudado para llevar adelante los trabajos hasta el punto en que se encuentran.