El día 2 de abril, la sorpresa me dejó estupefacto cuando los abogados de la CDEEE admitieron ante el Tribunal Superior Administrativo, la carencia de documentos legales que avalaran el uso de los terrenos donde se construyen las plantas de Punta Catalina. ¿Un proyecto de dos mil millones de dólares, en relativo avanzado estado de desarrollo, sin estar seguros sobre los derechos de uso de terrenos? ¡Only in Dominican Republic!, fue mi reacción.

Los suponía propiedad del Estado, o declarados de utilidad pública, hasta que el Sr. Juan Vicini, en artículo publicado el pasado día 13, reveló que esa parcela es parte del Ingenio CAEI y, en consecuencia, propiedad del Consorcio Vicini, el que difícilmente vende propiedades inmobiliarias luego de adquiridas y a quien resultaría muy cuesta arriba el intento de declararle un terreno de utilidad pública. Solo Balaguer se atrevió hacerlo, con una propiedad ubicada en Andrés, Boca Chica y luego Majluta reversó la acción.

El Sr. Vicini relató el esfuerzo que, con fines de arrendamiento, realizó su empresa para convencer al Gobierno de que Punta Catalina era el lugar idóneo. Así, el Consorcio donó al Estado los costosos estudios de pre-factibilidad, demostrativos de que Punta Catalina responde a condiciones ideales para el desarrollo portuario y de reducido impacto ambiental. Se negoció, hasta arribar al acuerdo de pagar una suma que no he logrado precisar, pero supongo multimillonaria, amén de la plusvalía que a toda el área generarán las obras de infraestructura.