Tercera edad y desarrollo humano

El Estado Social Democrático y de Derechos se sustenta en el respeto a la dignidad como valor superior de las personas, muy especialmente en las fases más vulnerables del desarrollo humano, como son la niñez y la vejez.

En un intento de proteger, justamente, la población envejeciente, desde el 19 de diciembre de 2011, se celebra cada 14 de junio el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, declarado así por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el 19 de diciembre de 2011.

Con esta resolución se hicieron una serie de recomendaciones a los Estados miembros de la ONU referentes a prestar especial atención a la población envejeciente (personas de 60 años o más) de cada país e “incorporar las preocupaciones de las personas de edad en sus programas de políticas, teniendo en cuenta la importancia decisiva de la interdependencia entre generaciones en el seno de la familia, la solidaridad y la reciprocidad para el desarrollo social y la realización de todos los derechos humanos de las personas de edad, y para prevenir la discriminación por motivos de edad y lograr la integración social”.

Estas recomendaciones revisten especial interés cuando tomamos en cuenta que vivimos en un mundo que, literalmente, está envejeciendo como resultado de la tendencia creciente de disminución de las tasas de fecundidad y el aumento de la esperanza de vida.

En el documento “Población envejeciente mundial 2013”, publicado por la División de Población del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU, se verificaron, entre otros, los siguientes datos: el porcentaje mundial de personas envejecientes aumentó de un 9.2% en 1990, a un 11.7% en 2013, y se proyecta que alcance un 21.1% en el año 2050 con un estimado de 2,000 millones de personas que sobrepasaran los 60 años; actualmente, dos tercios de las personas de la tercera edad viven en países en desarrollo y se estima que para el año 2050, cerca de 8 de cada 10 personas adultos mayores vivirán en las regiones menos desarrolladas; el estudio también reveló que la población de personas de 80 años, o más, experimentará un incremento en los años venideros, aumentando de un 14% en 2013 a un 19% en 2050; y además, se comprobó que la población envejeciente es predominantemente femenina con una proporción, en 2013, de 85 hombres por cada 100 mujeres de 60 años o más.

Como esbozamos al principio, el incremento de personas mayores de 60 años de edad se debe, principalmente, a dos factores fundamentales: el aumento en la esperanza de vida, que a la fecha se estima en un promedio entre 68 y 78 años a nivel mundial; y la disminución de los nacimientos, lo que provocará que aumenten las posibilidades de que para el año 2047, las personas de la tercera edad superen el número de niños por primera vez en la historia.

Estos datos sirven para ilustrar la necesidad de ajustar las políticas de planificación y desarrollo para respetar, garantizar y apoyar los derechos fundamentales que les corresponden a estas personas en condiciones de vulnerabilidad y proclives a la marginación, a los abusos y a la exclusión social.

En este sentido, de acuerdo al antes referido estudio de la ONU, muchas personas de la tercera edad aún deben trabajar. En el 2010 la participación laboral de personas de 65 años o mayores era de 31% en los países en vías de desarrollo, cifra que refleja una deficiencia de los sistemas de seguridad social y pensiones, cuyas coberturas no permiten el disfrute de un retiro con dignidad, mucho menos protección contra los riesgos de enfermedad, vejez, discapacidad, cesantía por edad avanzada u otros riesgos laborales. La seguridad social no es un derecho laboral, es un derecho humano, consagrado en instrumentos internacionales y en las constituciones contemporáneas.

La Constitución dominicana consagra la protección de las personas de la tercera edad en el artículo 57: “La familia, la sociedad y el Estado concurrirán para la protección y la asistencia de las personas de la tercera edad y promoverán su integración a la vida activa y comunitaria. El Estado garantizará los servicios de la seguridad social integral y el subsidio alimentario en caso de indigencia.”

Este reconocimiento constitucional requiere un desarrollo legislativo y las políticas públicas que se correspondan con el mandato.

Respecto a la parte legislativa, República Dominicana dispone de la Ley 352-98, sobre Protección de la Persona Envejeciente, del 15 de agosto de 1998, y luego de 17 años de vigencia, se hace necesario que esta legislación sea revisada y adaptada no sólo al nuevo texto constitucional sino también a los más recientes lineamientos internacionales en materia de protección de los derechos de las personas envejecientes.

En cuanto a las acciones concretas desde el Gobierno, el documento “Envejecimiento y vejez en América Latina y el Caribe: políticas públicas y las acciones de la sociedad”, publicado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), establece una serie de pautas que deben ser tomadas en cuenta a la hora de formular las políticas públicas para cumplir con el mandato constitucional.

Prestar mayor atención a las necesidades particulares de las personas de edad avanzada y los problemas a que se enfrentan es fundamental en cualquier estrategia de desarrollo que tenga como uno de sus pilares el enfoque de derechos humanos, tomando acciones en los planos económico, social, político y cultural en procura de promover un clima favorable a la incorporación de los adultos mayores al desarrollo de los países.

En este sentido, la Ley 1-12 sobre Estrategia Nacional de Desarrollo establece varios lineamientos tendentes a garantizar el pleno respecto de las personas envejecientes y su incorporación al desarrollo nacional.

El Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, dijo el pasado primero de octubre en ocasión de la celebración del Día Internacional de las Personas de Edad que “el aumento constante de la longevidad humana constituye uno de los mayores cambios y desafíos de nuestro tiempo. Y si el mundo no se adapta a las nuevas tendencias demográficas será difícil lograr un futuro sostenible y seguro en el que las personas de todas las edades lleven una vida plena.”