Intereses eternos
Cuando Henry John Temple, pragmático político británico conocido también como Lord Palmerston, hizo famosa su frase “no tenemos aliados eternos, ni tampoco enemigos perpetuos. Nuestros intereses son eternos y perpetuos y es nuestro deber seguir esos intereses”, dirigía los asuntos exteriores del Reino Unido, y siendo esta nación la primera potencia mundial de la época, sus palabras eran el reflejo de una política y una filosofía de carácter nacionalista que persistirían en el tiempo. El poderío británico se extendió a muchas regiones del mundo, incluyendo el continente americano, donde en la región del Caribe mantuvieron una presencia importante. Aunque con estatus de Estados independientes, la mayoría de estas antiguas posesiones inglesas han mantenido su vínculo con la “madre patria”, que les ha legado parte de su cultura, idioma, y hasta cierto punto, la misma filosofía de organización formal que les ha permitido sobrevivir aún a pesar de ser la mayoría de ellos pequeños estados de economías dependientes mayormente de los servicios. Por eso, desde sus orígenes, su visión de integración ha estado marcada significativamente por esta particular cultura, en base a la cual han conformado diferentes esquemas de integración hasta llegar a la actual Comunidad del Caribe (Caricom por sus siglas en Inglés), establecida en 1973 con un carácter marcadamente excluyente. De ahí que el último miembro pleno aceptado en su seno, la República de Haití, debió pasar por un duro proceso de evaluación antes de su definitiva inclusión en esta organización, ya que su “plena” incorporación, ocurrida entre 2002 y 2006, fue objeto de múltiples “excepciones y reservas”, las cuales remiten ante todo, al temor representado por la economía más pobre y el país más poblado de las islas. En efecto, de la población total de los 15 estados y posesiones que conforman Caricom, el 60.49% (10,670.000) son haitianos. Solo Jamaica y Trinidad y Tobago sobrepasan el millón de habitantes, en tanto que los 12 restantes, apenas llegan en conjunto a una población de 2,900.000 habitantes. Según datos estadísticos disponibles, algunos de estos países requerirían más de cien años para duplicar su población actual (en el caso de Jamaica serían 247 y Trinidad y Tobago 146), mientras que la población de Haití se duplicaría en tan solo 28 años. Más aún, un estudio sobre migraciones de haitianos en el Caribe establece que “el impacto de la inmigración sobre los estados más pequeños del Caribe es una realidad innegable. Países como Dominica, Antigua y Barbuda o Granada, alcanzan un umbral problemático con unos miles de migrantes”. El mismo estudio plantea que en esas islas “la acogida y adaptación de los haitianos son variadas, pero a menudo impregnadas de hostilidad, además de que no por casualidad muchos de estos estados tienen un Ministerio de la Seguridad Nacional, cuya responsabilidad principal es manejar la migración”. Pasando de la teoría a los hechos, en el año 2005 las autoridades de Dominica, bajo la gestión del primer ministro Roosevelt Skerrit, impusieron una visa para los viajeros haitianos, al tiempo que advertían que la “constante afluencia de haitianos en la isla constituía una fuente de preocupación para la seguridad nacional de Dominica y que esas nuevas disposiciones apuntaban a reducir el número de viajeros provenientes de Haití”, Ante esta realidad, es posible especular que la “solidaridad” que la CARICOM ha mostrado a su socio Haití, y que junto a las ágiles maniobras diplomáticas del gobierno de Martelly han logrado poner a nuestro país en aprietos ante la comunidad internacional, podría ser simplemente una estrategia de “sobrevivencia”, que al final solo buscaría anticiparse a las consecuencias de una potencial avalancha migratoria de haitianos hacia el Caribe, que vendría como resultado de las nuevas restricciones legales impuestas por el gobierno dominicano para controlar la inmigración ilegal, bajo el mandato de la soberana sentencia 168-13 de nuestro Tribunal Constitucional. Al tener muy claro cuales son sus intereses, la posición del “camarada Ralph”, primer ministro de San Vicente y las Granadinas, también sería parte de la misma estrategia, pues ellos estarían ejerciendo en conjunto el legítimo derecho de defenderse ante la amenaza que representa la más fuerte “potencia migratoria” del Caribe, aunque para ello tengan que acorralar a una nación que, sin ser un enemigo político, sí ha sido tradicionalmente vista con temor en esos lares. Esta situación, posiblemente no prevista, se ha convertido en un complejo problema que pone a prueba la capacidad de maniobra de nuestras autoridades, y aunque a algunos no les parezca así, es, sin lugar a dudas, uno de los desafíos mas trascendentales de nuestra historia, ya que lo que está en juego es la sobrevivencia de la República Dominicana como nación soberana. Por esta razón, y entendiendo que los intereses de una nación casi todos están referidos, en mayor o menor jerarquía, a la seguridad nacional, estamos obligados a desplegar nuestros recursos diplomáticos, políticos y de cualquier otra naturaleza, para garantizar que las próximas generaciones de dominicanos puedan vivir en paz y prosperidad, dejando claro en cualquier escenario, que nuestros intereses también son eternos, por sobre todas las cosas. El autor es especialista en seguridad nacional y analista de inteligencia.