Ofensa a la nación

Crece de manera muy particular la magnitud de la ofensa a la nación dominicana si se considera la forma en que Participación Ciudadana y el enjambre de ong¥s que la escoltan en fobia y rebeldía, han llevado a cabo en su campaña antinacional. No han tenido reparo, siendo como son tratados en las esferas del Palacio Nacional, en menospreciar la majestad del Presidente, cuando en la reunión de la CEPAL un grupo de damas insolentes rompieron la solemnidad del acto. Todo el orquestamiento mediático está dirigido desde ese campamento del odio que se ha levantado contra los intereses de la República, solventado con dinero de gobiernos e instituciones que hacen sus aportes para conservar y fortalecer los aproches que le permitan obtener beneficios para “su causa”: atenazar y humillar el Estado Dominicano para debilitarlo y llevarlo a la transacción. Es el típico comportamiento del patrono. Esto no es nada nuevo. Todo el planeta conoce la realidad de Serbia, en donde con amplitud, precisión y detalle se creó un conflicto étnico y social trágicamente desfavorable a esta nación, que le obligó a replegarse, y plegarse a los dictados del más fuerte. Por más que lucharon no pudieron evitar la tragedia de su pueblo y su territorio. Así que será cada vez más pertinente y premonitor que nunca que los dominicanos nos unamos monolíticamente contra los traidores de adentro y los agresores de fuera, desde luego sabiendo de antemano que la unanimidad sería imposible porque ya le conocemos; hemos identificado todo ese complejo tejido de desconfianza, de baja transparencia cuyo impacto en la sociedad dominicana es claro: ser una plataforma para obtener un resultado político y geopolítico concreto. No es una mera impertinencia carente de talento, es todo un plan macábricamente organizado con participación “dominicana”, comportamiento realmente delictivo en cualquier código penal. Vimos lo que pasó en México, lo cual no deja duda de lo anterior. Han atacado la sentencia del Tribunal Constitucional con fuerza y desenfado difundiendo por todo el mundo una sarta de mentiras engañosas para que las naciones poderosas comiencen a intervenir con toda su influencia contra la República Dominicana, estando dispuestos a sacudir los fundamentos de nuestra nacionalidad y seguridad como Estado soberano e independiente. Pero se quedarán en lamentaciones porque el pueblo dominicano ha ido concienciándose sobre quién es el verdadero responsable de la quiebra de valores, y quienes sí actúan con rigor y diligencia para investigar y demostrar las malintencionadas gestiones de dañar el sentimiento dominicano. Y que conste, ya la sociedad dominicana comienza a exigir el castigo del fraude delictivo, y no la pérdida de tiempo en ditirambos dudosos contra los traidores que sienten el miedo y el castigo a su soberbia, y que suelen encontrar cuantos se vuelven contra la memoria de los Padres Fundadores. Aunque no deja de preocuparnos el halo de misterio que implica “el Acuerdo de Caracas” que, más allá de las referencias vagas, el Gobierno cree de sabiduría iniciar con Haití y la comunidad internacional trámites para aplicar la sentencia del Constitucional. Cabría esperar que semejante visión no sea la de quedar atrapado en el papel del malabarista de circo, que ha aspirado a sostener demasiados platos en el aire al mismo tiempo, y se le han caído todos. Sin embargo, aceptación anchurosa ha tenido entre el pueblo dominicano la Sentencia 168-13, consciente que de ella se deriva la corrección de una situación irregular en el registro de extranjeros desde el año 1929. Es el propio pueblo que ha derrotado a los farsantes que han querido vender una actitud discriminatoria, xenófoba y racista de los dominicanos. Esa sentencia tiene vocación de permanencia, no hay dudas, y es un antemural a la injuria y falsedad, pero que reclama el auxilio del celo activo de los mejores hijos de la República, porque cuanto mayor empeño y grado de conciencia hagamos, tanto mayor será así la repugnancia con que se le mire a los traidores que con mal velado disimulo buscan borrar la nacionalidad dominicana.