¡Defensa de RD no puede cesar!
En las últimas horas ha trascendido el interés de ciertas esferas del gobierno de que salga del debate nacional el tema de la defensa a la soberanía suscitado por la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, en momentos en que las últimas encuestas realizadas dan más de un 90% de apoyo al TC y un 93% de rechazo al informe difamatorio contra el país que diera la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH). Uno de los voceros autorizados del grupo que ha enfrentado la decisión del Constitucional, reveló el pasado viernes el plan de “frizar” en los días de pascuas navideñas el tema a nivel de los medios de comunicación, para dar tiempo a que en enero se pueda producir un llamado “pacto político” que busque una solución anulando en los hechos la sentencia No.168-13, acogiendo las recomendaciones de la misión interventora de la CIDH. En ese sentido, el vocero en cuestión reveló que funcionarios del gobierno trabajan en una “solución” que satisfaga los reclamos en la Cancillería Haitiana, la CIDH y las Ong’s que han enfrentado con gran ferocidad la sentencia del TC y que favorezca a los supuestos desnacionalizados en peligro de quedar apátridas por dicho fallo. Ante esas revelaciones, resulta altamente preocupante que no se haya enviado a las cámaras legislativas el Proyecto de Ley Especial de Naturalización que fuera anunciado por el Ministro de la Presidencia Gustavo Montalvo y que previamente fuera consensuado por todos los miembros del Consejo Nacional de Migración y por la Junta Central Electoral, y que planteaba una salida legal, justa y humana para los 14,000 casos consignados en el Registro Civil y afectados por la sentencia del TC, dándoles la oportunidad a que puedan obtener de manera rápida y gratuita la nacionalidad dominicana, sin afectar en lo absoluto su vida en el país. La realidad objetiva es que el proyecto no ha sido enviado y ha trascendido que hay fuertes presiones para que el mismo sea modificado y se le incluyan los términos “automático y general” pedidos por la CIDH para una especie de amnistía de nacionalidad dominicana, lo que implicaría en los hechos la anulación de la sentencia del TC y un cercenamiento vergonzoso de la soberanía nacional. Ante esos peligros que se ciernen contra nuestra soberanía y la institucionalidad encarnada en la decisión irrevocable de su Tribunal Constitucional, nadie puede pedirnos sacar el tema del debate o bajar el tono de la defensa del país. Y más cuando sabemos que la campaña de descrédito de Haití contra la República dominicana está muy lejos de terminar o aminorarse. Lo que le preocupa a alguna gente, que creía que el tema de Haití era una preocupación de un sector minúsculo de la sociedad, y que durante años fue tildado de “ultraderechista”, “xenófobo”, “trujillista”, etc., es que se han encontrado con la realidad de que el pueblo dominicano sin banderías políticas se ha unificado como nunca en defensa de su soberanía y ha demostrado que el grupúsculo insignificante lo representan los que conspiran contra la patria que los vió nacer. El movimiento “nacionalista”, como despectivamente le llaman los libelos de los traidores, está más fuerte que nunca y debe mantenerse así para enfrentar la campaña internacional de Haití contra nuestro país y las maquinaciones que en acuerdos de aposento se procuran en la oscuridad, para apuñalearle. El pueblo, que por primera vez se ha movilizado con este tema crucial de defensa de su soberanía, debe permanecer con los ojos abiertos y muy atento a cuál va a ser finalmente la posición que asumirá el gobierno a través de la Ley Especial de Naturalización. Es ese 90% de la sociedad presente y vibrante, el que puede impedir que algún funcionario, apoyado por la autodenominada sociedad civil, quiera meter de “contrabando”, luego de “enfriar” el debate, una ley de amnistía que anule el Constitucional y que en los hechos acepte la fusión con Haití. Estoy de acuerdo con la propuesta de bajar el tono hecha por el empresario y amigo Frank Rainieri, siempre y cuando el tono contra la República lo bajen quienes la han agredido, desde el exterior o desde nuestro propio territorio. Si ellos no lo bajan y persisten en sus malvados propósitos, no se nos puede pedir a quienes hemos asumido responsabilidades públicas en defensa de la soberanía y el Tribunal Constitucional, que lo hagamos. ¡La defensa de RD no puede cesar!