La CIDH no leyó la Constitución 1929

Un defecto que se repite entre los que se asignan la tarea de defender los derechos humanos es la ambliopía. Solo ven bien para un lado. Quien pensó que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos daría un fallo favorable a República Dominicana no siguió el montaje del show. Estos comisionados vinieron con su redacción hecha. Los derechos que defienden están pre marcados. La declaración que emiten se asienta en la constitución de 1929. Pero no la leyeron y la interpretaron a conveniencia, como hacen esos que nacieron aquí, siendo hijos de padres dominicanos pero sienten por Haití y aquellos que leen con ojos de dinero que les llega como onegés. Es cuestión de conveniencia. Los haitianos rechazan la idea de que República Dominicana es una realidad. Insisten en retomar la isla bajo su control. El tema tiene su pasado. No es tiempo perdido hacer un poco de historia. En el siglo pasado había problemas con Haití que se negaba a reconocer los límites geográficos de ambos países. Haití desconocía el Tratado de Aranjuez que definió la frontera. “En 1773 el capitán general de la parte española de la isla, José Solano, y el gobernador de la parte francesa, marqués de Valiere, firmaron un acuerdo provisional en el que se definían los límites entre los territorios de ambos países en la isla. El tratado fue firmado el 3 de junio de 1777 en la localidad madrileña de Aranjuez por el conde de Floridablanca, en nombre de Carlos III de España, y el marqués de Ossun, en representación de Luis XVI de Francia. En él se relacionaron minuciosamente los límites entre los territorios de ambos países, basados en los acuerdos de 1773 y 1776, y apoyados por un mapa topográfico levantado a tal efecto.” La Constitución de 1929 sería la respuesta dominicana a la invasión pacífica de haitianos. Se le puso un freno constitucional estableciendo que los hijos de las personas en tránsito no eran dominicanas. Esa parte no la leen los oenegeístas ni los delegados de la CIDH. Estamos en brega con lo mismo. La Constitución de 1929 niega la nacionalidad a los ilegales. Y punto. Está ahí, a la vista de todos. Se la cita como si fuera al revés. Manipulación absurda. Esto lo aclara la sentencia del Tribunal Constitucional, es una perla.