¡...Y enseñaron sus partes!

Nadie en sano juicio esperaba algo distinto al informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esa gente llegó al país prejuiciada y con la encomienda de “ver lo que vio y decir lo que dijo”. Nunca tuvieron el propósito de hacer una indagatoria imparcial y justa en procura de la verdad... No les importó un comino la Constitución dominicana ni nuestro ordenamiento jurídico. Mucho menos lo que piensa la inmensa mayoría de los dominicanos sobre el tema migratorio. Vinieron a certificar el “genocidio civil” de los dominicanos contra los haitianos, a comprobar “un apartheid” en el mismo centro del Caribe, a ver la “desnacionalización” de cientos de miles de haitianos convertidos en “apestosos en su propia tierra”. Un prejuicio que habían mostrado desde mucho antes de venir. Desde antes incluso de ser “invitados” por una comisión del gobierno que viajó a Washington y se dejó entrampar por el secretario de la OEA, José Miguel Insulza. Su llegada al país estuvo precedida por un activismo prohaitiano que les organizó incluso su agenda, que les acompañó en todo momento, que escogió los escenarios y hasta llevó los “testigos” del maltrato y la ”desnacionalización” que vinieron a comprobar. Milton, Reinaldo, Roberto...El Tribunal Constitucional se negó a recibir a esos intrusos, lo mismo que los presidentes del Senado, Reinaldo Pared, y de la JCE, Roberto Rosario. Actuaron con la dignidad debida. El Presidente Danilo Medina los recibió la tarde del jueves, horas antes de emitir el informe sesgado que hicieron público ya casi con los pies en el estribo del avión que los llevó de vuelta a Washington. Medina tendrá razones mayores para semejante complacencia; los presidentes muchas veces actúan de acuerdo a las circunstancias geopolíticas y obligados por el protocolo de Estado que impone normas que a veces van contra su voluntad. A fin de cuentas, la posición del gobierno la fijó la Cancillería horas después del informe, y fue tajante en su rechazo aunque con la finura y elegancia propia de la diplomacia pero con la contundencia de un Estado que evidentemente no está dispuesto a negociar su soberanía. Para los escépticos bastaría sólo esta expresión del comunicado de la Cancillería: “No podemos obviar cierta decepción (...) por una visión parcial de la realidad que vive nuestro país (...), así como un escaso reconocimiento de los esfuerzos del gobierno dominicano por encontrar soluciones y garantizar los derechos humanos...” Otra burda descalificaciónCon su actitud sesgada desde mucho antes de llegar al país, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acelera los pasos a la autodestrucción con el desconocimiento de su autoridad por parte de los países del hemisferio. El 13 de octubre pasado esa misma comisión que anduvo por aquí salió del Ecuador con la sábana por un canto después que el presidente Correa amenazó con echarla por entrometerse en los asuntos internos de ese país con un informe también sesgado sobre la libertad de prensa. De paso, Correa dio un plazo hasta 2014 para que la CIDH sea transformada en un órgano deliberativo e imparcial. De lo contrario, Ecuador renunciará de ese sistema. Esa debería de ser la actitud del gobierno dominicano en esta coyuntura. Le sobran motivos para descalificar un organismo que aquí no sólo enseñó el refajo... ¡...También sus partes pudendas!