¡Explicar, no claudicar!

Como de costumbre, los haitianos incumplieron el acuerdo con República Dominicana para privilegiar el diálogo sobre el diferendo provocado por la sentencia TC/168. Bastaron cinco días para que su canciller Pierre-Richard Casimir dejara sin efecto el convenio firmado con el ministro Gustavo Montalvo. Y tal como fue cabildeado por Haití, el Caricom nos “sancionó”. O al menos, eso piensan ellos al suspender el ingreso de nuestro país a esa comunidad de estados caribeños. Una suspensión que no significa gran cosa. República Dominicana ha intentado durante años ingresar al Caricom, y a lo más que ha llegado es a ostentar la condición de “observador”. Nunca ha querido aceptarnos porque el Caribe anglófono y francófono nos ve con ojeriza y nos teme. Entre otras razones porque somos ---con diferencia--- la economía más grande de la región. En el transcurso de los últimos 50 años la República Dominicana es de los países de mayor crecimiento económico en el mundo, y desde 1998-- los últimos 15 años--, hemos alcanzado acuerdos de libre comercio con Estados Unidos, Centroamérica y Europa. Es evidente entonces que lo que hagan esas islitas no nos afecta ni política, ni económica ni comercialmente. Y como ellos nunca han sido nuestros amigos, esa relación tampoco nos ha servido para nada. Aunque son muchos y hacen ruido, en la comunidad internacional se les hace poco caso, y no tienen peso político para causarle ningún daño alguno a República Dominicana. De ahí que lo realmente importante de esa reunión en Trinidad y Tobago es que las autoridades dominicanas por fin entendieron que con los haitianos no se puede negociar absolutamente nada en lo relativo a la implementación de la sentencia del Constitucional, por tratarse de un tema de soberanía. Pero además, la actitud ladina con que se manejan los haitianos debería obligar al gobierno no sólo a la ruptura del diálogo y a llamar a su embajador a consulta, como ya hizo, sino también a otras medidas que hagan valer su dignidad como Estado soberano. Porque así como al amigo se ayuda y se es solidario, al enemigo se le hace sentir el peso de su hostilidad. Por tanto, deberían suspenderse los programas de ayuda a los haitianos, reforzar la frontera e iniciar un programa de reparticiones que se compadezca con la incontenible llegada de migrantes hacia este lado de la isla. Pero, sobre todo, las autoridades nacionales deben aprender a distinguir a los lobos disfrazados de corderos. Una lección que debemos tener aprendida a propósito de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que inicia hoy. Hay que recordar que la Comisión fijó una posición contraria a la sentencia del Constitucional en un comunicado fechado el 8 de octubre. Es decir, a dos semanas de emitida la sentencia ya la habían descalificado, probablemente sin haber leído su contenido. Aún así el gobierno los invitó a instancias del secretario general de la OEA, el chileno José Miguel Insulza. Y aunque el escenario que encontrarán dista mucho de las consideraciones que hicieron originalmente, no puede confiarse en la imparcialidad de esa gente. Se ha preparado un Plan de Regularización con niveles de flexibilidad sin precedentes en el mundo, al punto que parece más una amnistía que un programa de regularización de extranjeros. Y una ley especial de naturalización a la que podrán acogerse todos los extranjeros nacidos en territorio dominicano e inscritos en el Registro Civil desde el año 1929 hasta abril del 2007, y que ampara a aquellos calificados como “desnacionalizados” por los opuestos a la sentencia. Eso derriba los argumentos de quienes plantean que la sentencia viola los derechos humanos y crea miles de apátridas, lo que hace imprudente la visita de la CIDH al país en esta especie de intervención propia de un “ministerio de colonias” Esa Comisión, además de estar sesgada, no tiene jurisdicción en el país pues según documentos de la OEA, la República Dominicana no ha aceptado su competencia, como muy bien lo reseña con datos precisos La Tecla de ayer domingo en este Listín Diario. Pero si evaluaran con justeza la situación devenida de la TC168, deberían felicitar al país por la forma como está manejando el proceso. Pero esa gente llega con su agenda a defender sus propios intereses. A ellos no les importan los derechos de los haitianos inscritos en el registro civil o de los que viven y trabajan en el país sin la debida documentación. Lo que quieren es convertir en dominicanos a las malas a decenas de miles de haitianos para alcanzar su ansiada “minoría étnica”. Por eso puede adelantarse que ninguna de las explicaciones que reciban les será satisfactoria, y que al concluir la visita sus opiniones llegarán cargadas con el mismo prejuicio que han tenido siempre. Y muy probablemente hasta soliciten “medidas cautelares” como ya han avanzado algunos de sus voceros. Por eso las autoridades nacionales deben evitar discursos complacientes con estos señores. Brindarles todas las explicaciones que soliciten, pero también hacerles sentir la firmeza de un Estado dispuesto a hacer valer su derecho a la autodeterminación. Y eso incluye a Milton Ray Guevara y al Tribunal Constitucional, que tienen en su poder un recurso de inconstitucionalidad sobre la adhesión del país a la Corte. Y que de fallarlo como deberían ---preferiblemente lo antes posible---, dejaría en peor lugar a este ya de por sí moribundo Sistema Interamericano de Justicia.