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RD de nuevo en el banquillo

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Vinicio A. Castillo SemánSanto Domingo

Con el beneplácito y aplauso de un grupo de traidores locales, la República Dominicana ha sido de nuevo sentada en el banquillo de los acusados ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, bajo los cargos de ser la responsable, como país, de la “Matanza de Guayubín”, en la que murieron seis ciudadanos haitianos y un dominicano, al volcarse un camión que había cruzado la frontera, haciendo caso omiso de las órdenes de la autoridad para que se detuviera. La información veraz de lo ocurrido indica que los miembros del Ejército Dominicano ordenaron al chofer del camión detenerse para fines de inspección, lo que al ser desoído, inició una huida dentro del territorio dominicano que implicó una persecución de más de 30 kilómetros, en la que hubo tiros de advertencia, antes de dispararle a las gomas de dicho vehículo, lo que por desgracia produjo la tragedia de su vuelco. La pregunta que se cae de la mata: ¿Qué pasaría en los Estados Unidos si algo similar ocurriera en uno de sus puestos fronterizos con México? ¿Qué ocurriría en cualquier nación del mundo en que se pudiera producir un hecho similar? ¿Puede condenarse a un Estado y culparse a un país de violación de los derechos humanos de los ciudadanos que pudieran perder la vida en un hecho tan infortunado como el descrito? ¿Se puede decir con justicia que esto fue una matanza de la cual los dominicanos tenemos que sentirnos culpables? Las respuestas son obvias, si se tratara de cualquier otro país. Sin embargo, como se trata del nuestro, es importante llevarnos al banquillo de los acusados y lograr condenas contra la República Dominicana, consagrándola como abusadora y violadora de los derechos humanos de los haitianos, para así, con una campaña mediática internacional y nacional, arrodillar a nuestras autoridades para que cedan ante las presiones, que procuran que el Estado Dominicano renuncie a su derecho soberano de trazar una política migratoria clara y una reglamentación de sus fronteras. El pueblo dominicano debe abrir los ojos y no dejarse confundir por la vocinglería de las ONG’s y sus aliados, muchos de ellos financiados en dólares. José Ricardo Taveras, Director General de Migración y Secretario General de la Fuerza Nacional Progresista, salió a defender a la República Dominicana ante este último atropello que representa la absurda acusación ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. José Ricardo planteó, a título personal, que era partidario, como lo han hecho muchos países latinoamericanos como los integrantes del ALBA, y antes Trinidad y Tobago, de retirarnos del Tratado que nos obliga a subordinarnos a esa Corte Internacional, por entender que ésta se está inmiscuyendo de forma abusiva en asuntos privativos de soberanía de los Estados; y en el caso nuestro, en el tema de la nacionalidad y la migración. A pesar de que el gobierno dominicano se ha defendido ante la Corte y sujetado a sus decisiones, no es ocioso recordar que el Tratado Internacional que obliga a la República Dominicana a cumplir con las mismas, no fue ratificado por el Congreso Nacional, lo que técnicamente no obliga a nuestro Estado a cumplir lo ordenado por dicho organismo de justicia internacional. El retiro de los Estados al fuero de la Corte Interamericana, está siendo objeto de debate en otros países como Colombia y otros de Centroamérica. Y lo más curioso de todo es que los Estados Unidos, que es el principal financiador del mismo, no es miembro del Tratado, ni acepta jurisdicción de ningún organismo de justicia internacional sobre derechos humanos. Lamentamos diferir por respeto del Vicepresidente Rafael Alburquerque, quien expresó que el Estado Dominicano cedió parte de su soberanía, al someterse al fuero de la Corte Interamericana. Ese planteamiento jamás puede ser absoluto y tiene necesariamente que tener sus límites porque, de no tenerlos, ese tribunal internacional controlado por Estados Unidos va a determinar contrario a lo que dice nuestra Constitución actual y a lo dispuesto por la jurisprudencia en la anterior, que los hijos de ilegales haitianos nacidos en territorio de República Dominicana, son dominicanos. Si aplaudimos y aprobamos que la Corte Interamericana sea la que dicte y juzgue la soberana política de migración de República Dominicana, podemos concluir, sin ningún temor a equivocarnos, que nos queda poco tiempo de existencia como nación libre y soberana y que la fusión con Haití está a la vuelta de la esquina. A los dominicanos de buena voluntad nos toca defender al país ante estos peligros y las insanas y malvadas acusaciones ante esa Corte. Y, como decía Duarte, mientras no se identifique claramente a los compatriotas que cobran en dólares al través de ONG y a quienes le hacen el coro para conspirar desde aquí contra la República, los buenos dominicanos seguirán siendo víctimas de sus maquinaciones.

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