Por una nueva reforma constitucional
El pasado día 6 se cumplió un aniversario más de la creación de nuestra primera Constitución firmada en San Cristóbal (1844). Nuestra Carta Magna ha sido y será modificada en el futuro tantas veces como sea necesario, y de acuerdo al tenor político, social y económico del país. Pero, las modificaciones a la Constitución no se han realizado tomando en cuenta la original, esto es, imitando la primera que fue confeccionada por ciudadanos elegidos para ese fin, por Diputados a la Constituyente sin intereses con el gobierno que convocaba a la reforma. Varias de las modificaciones han sido visionarias para la ciudadanía, otras han sido trajes a la medida y la misma original de San Cristóbal, tuvo su punto rojo por el artículo 210, redactado y aprobado por el hatero seibano e inculto machetero Pedro Santana, hombre sagaz, astuto, pero imprudente, sanguinario, que los gobiernos elegidos hasta la fecha, no han querido sacarlo de la tumba de los inmortales. Decía nuestro jurisconsulto Dr. M. A. Peña Batlle (fallecido) “que la Constitución Dominicana, era un caso arquetípico de conciencia y madurez política”. Hoy reflexionamos, ante las reformas que hemos presenciado y los resultados obtenidos y nos damos cuenta que por la organización de nuestra Carta Magna gastamos dinero en exceso imponiendo un período de cuatro años, en vez de seis. Con seis años, un presidente tiene mayor holgura para realizar su ejercicio en el poder. Por razones lógicas y sopesando que el actual gobierno del Presidente Fernández saldrá del poder y que los partidos políticos están más o menos del mismo nivel electoral en cuanto a la cuantificación de miembros, no creemos que pueda haber objeción alguna de parte de un partido o de alguna institución oficial, porque la modificación que exponemos públicamente se debe a problemas económicos y a un esquema político razonable, como en otras partes del mundo. Nuestra Constitución ha de ser reformada nuevamente, estamos en el momento oportuno, en la madurez política, donde nadie dirá que no. La ley de gastos públicos hay que modificarla para que cada gobierno los elabore a su tiempo y a su conveniencia para la inversión pública. Los analfabetos no deben ejercer el derecho al voto en los períodos electorales para elegir a un candidato nominado por algún partido, porque no hay conciencia, ni pueden discernir lo que le conviene a la República. Si no pueden ser elegidos, no pueden elegir, lo que es compensatorio en derecho. La crisis en los Estados Unidos, Grecia y en Europa, nos dejan ver con claridad que va a ser mundial y no dejará de tocar las costas dominicanas por razones...