El delito de opinión pública
La reedición de la obra El Delito de Opinión Pública, de la autoría del presidente Leonel Fernández, es un aporte invaluable a la bibliografía jurídica y sobre libertad de expresión del país. El libro, remozado y espléndidamente presentado, es originariamente la tesis de grado para la obtención del título de Doctor en Derecho del mandatario y vio la luz por primera vez en 1979 dentro de la colección Educación y Sociedad de la Universidad Autónoma de Santo Domingo como parte de una serie de trabajos de una pléyade de egresados meritorios de la casa de altos estudios. Sin embargo, con el paso del tiempo, su edición se había agotado y sólo un pequeño grupo de especialistas y amantes del tema teníamos el privilegio de tenerla en nuestros anaqueles, con lo cual se privaba a la ciudadanía de una obra fundamental que permite hurgar en el pensamiento de uno de los políticos que ha tenido mayor incidencia en nuestros tiempos. El Delito de Opinión Pública es desde aquel entonces un referente obligado para abogados y periodistas que desean hacer una aproximación conceptual en el tema del papel de la ideología en la comunicación de masas o en las bases constitucionales de la libertad de expresión. Pero también es una muestra palpable de cómo ha cambiado el mundo y del axioma irrefutable de Heráclito de Éfeso, quinientos años antes de Cristo, de que nuestra historia es en esencia una rueda en movimiento que surge de la contradicción. Ello así porque a Leonel Fernández, como político y como intelectual, le ha correspondido vadear un tiempo proceloso que se extiende desde los esténtores de la Guerra Fría, pasando por el Consenso de Washington hasta llegar a los inicios de este siglo XXI, caracterizados por la incertidumbre económica e ideológicamente y por turbulento de los mercados. Y en ese contexto un político con arraigada vocación intelectual no se sustrae al cambio como queda evidenciado en esta su primera obra y en Nuevo Paradigma, una de las últimas editada hace ya algunos años. Por lo demás la obra constituye una especie de sinergia entre el pensamiento y la acción del mandatario, ya que llega en un momento en que las libertades públicas se han ensanchado ampliamente en el país como resultado de la nueva Constitución prohijada por él. A partir de la Carta Sustantiva del 26 de enero de 2010, las libertades de expresión e información y el acceso de los ciudadanos a las fuentes públicas de información fueron blindadas con un sistema de tutela constitucional que hace de la Carta Sustantiva dominicana un verdadero baluarte de la democracia. Como muestra bastaría citar el hecho casi único en la historia constitucional moderna de que dentro del rango de los derechos fundamentales se ha incluido el secreto profesional y la cláusula de conciencia de los periodistas, dos prerrogativas que tradicionalmente sólo tuvieron jerarquía de ley en otros ordenamientos jurídicos y una difusa existencia en nuestro ordenamiento jurídico. Esta realidad tan singular ha hecho de la Constitución y la realidad dominicanas, lo mismo que la española, un ejemplo cuando se habla de afianzamiento de libertad de prensa y de expresión. En tal sentido, los periodistas dominicanos son una muestra fehaciente de cómo han florecido las libertades públicas y los espacios de los medios de comunicación en nuestro país en los gobiernos del doctor Fernández. Por esa razón el aporte del Presidente, reitero como político y como intelectual, es una magnífica oportunidad para retomar el debate sobre nuestra decimonónica legislación de libertad de expresión y medios de comunicación, y poner en cuestión asuntos como ¿hasta dónde llega el acceso ciudadano a la información oficial? ¿Cuáles son los criterios y quiénes clasifican una información en el rango de seguridad nacional? De cara al sol y a la posteridad, Leonel Fernández ha planteado su posición en la que se puede definir nuestra primera gran obra sobre el tema de la libertad de expresión. Así que, para quienes aún amamos los libros con fruición, la reedición de El Delito de Prensa es un acontecimiento notable que, de seguro, servirá como fundamento al debate público que se avecina con las reformas legales. Pero, más aún, es un reencuentro con uno de los más juiciosos académicos que sobre la materia de la libertad de expresión han disertado por décadas en el país. El autor es abogado y periodista.