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EN RELEVO

Solain Pie: ¡otra vez!

República Dominicana ha sido llevada otra vez ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos por los demandantes de siempre: las organizaciones de la llamada “sociedad civil” que dicen proteger los derechos de los inmigrantes haitianos. Y aunque en esta oportunidad también aparece entre los demandantes el Centro Robert Kennedy, la verdad es que quien se encuentra detrás de todo esto es la señora Solain Pie, reconocida enemiga de un país que la acogió junto a sus progenitores y la mantiene aquí como ciudadana de primera. Esta mujer encabeza nuevamente una acción ante instancias internacionales, ahora bajo el argumento de que en el país se han “desnaturalizado” a 417 ciudadanos haitianos. Ya una vez denunció esta situación aprovechando la visita de una Kennedy que le patrocina su ONG. En esa oportunidad recibió la pronta respuesta del presidente de la Junta Central Electoral, quien le conminó a presentar las pruebas, caso por caso, de tan temeraria denuncia. La Pie solo llevó 120 expedientes a la Junta, que de inmediato inició una investigación arrojando los siguientes resultados: 49 de las actas depositadas no tienen problemas y son absolutamente regulares; en 23 de los casos se trata de actas de nacimiento que deben ser transcritas al Libro de Extranjería, por tratarse de hijos de extranjeros no residentes, que de acuerdo a lo que disponen la Constitución y las leyes dominicanas, no les corresponde la nacionalidad; ocho son actas de nacimiento suspendidas por fraude y falsedad de datos y están pendientes de ser conocidos en los tribunales, y en los restantes 40 casos se les solicitó a los denunciantes que aporten información complementaria sobre la documentación de los padres declarantes porque los expedientes presentados carecen de documentos que permitan sustentar una investigación. Sin embargo, esta señora insiste en su demanda internacional y en presentar un número de casos superior a los llevados inicialmente ante la JCE, revelando una vez más lo que subyace en el fondo de su actuación: No le interesan los problemas de documentación ni de estatus migratorio de sus 120 ó 417 compatriotas. Para nada. Eso no es más que un ardid. El objetivo de esta ciudadana no es otro que servir de punta de lanza de las organizaciones de cooperación y de países que irresponsablemente pretenden solucionar el problema haitiano llevándose de paso a la Republica Dominicana. Los argumentos para la demanda son tan etéreos e insustanciales que irrita tener que abundar sobre ellos. Porque solamente en un país como este, donde tantas cosas andan “mangas por hombro”, puede una inmigrante como Pie demandar a la nación que le acoge porque no está satisfecha con el marco legal y constitucional que han decidido darse los poderes públicos de esa nación. La Constitución, la nuestra, la de los dominicanos, establece que los hijos de indocumentados o ilegales nacidos en el teritorio nacional no califican para obtener la ciudadania dominicana. Y no lo dice solamente la actual Carta Magna, sino que es un principio que se encontraba expresado en la Constitución de 1966, vigente hasta el 26 de enero del año pasado. Y que fue debidamente sustentado por la Suprema Corte de Justicia en una histórica sentencia de diciembre del año 2005, dictada ante un recurso de inconstitucionalidad elevado por estos mismos grupos contra la Ley de Migración. De ahí que los ciudadanos nacidos de padres en condiciones de ilegalidad, ya sean finlandeses, tunecinos o haitianos, deben ser registrados en el Libro Especial de Extranjería, y no tienen derecho a la nacionalidad devenida del “ius solis”. Proceder diferente a como mandan las leyes constituye una ilegalidad, y todo acto que parta de una ilegalidad se considera nulo de pleno derecho. Si la intencion de Pie fuera resolver esos 417 expedientes supuestamente “desnaturalizados”, solo tendría que apoderar a los Tribunales de la República de cada uno de los casos, y sustentar sus alegatos en una audiencia pública, oral y contradictoria. Pero eso no interesa. Porque el propósito es condicionar a la República Dominicana para que ceda parte de su soberanía y legalice a los haitianos que residen ilegalmente en este lado de la isla. Que modifique su marco legal o que negocie una “amnístia migratoria”. Esa es la visión que tiene una parte de la comunidad internacional. La parte que irresponsablemente ha abandonado a Haití a su suerte. Y que además –perversamente– pretende también patear al único país del planeta que ha sido verdaderamente solidario con Haití. Y que a diferencia de esa sociedad civil y esos organismos de derechos humanos, ha llegado incluso mucho más allá de sus posibilidades humanas y materiales, para ayudar al pueblo haitiano. Y que conste, esta solidaridad llegó mucho antes del terremoto. En ese momento fue que el mundo se dio cuenta, pero desde siempre, que los dominicanos hemos brindado cobijo, trabajo, atención médica y educación a millares de haitianos que día tras día cruzan la frontera huyéndole a la abyecta miseria que padece esa nación, mientras esos supuestos “amigos” no hacen absolutamente nada para ayudar a ese pueblo desventurado y digno de mejor suerte. Para demostrar esto bastaría precisamente el ejemplo de Solain Pie. ¿Sabe alguien de alguna ayuda que esa señora haya gestionado para sus compatriotas luego de que su país fuera asolado por el terremoto del 12 de enero? ¿Ha escuchado alguien un discurso crítico contra la comunidad internacional, los EEUU o los demás países “amigos” de Haití pronunciado por esta señora Pie en protesta por las promesas incumplidas, el abandono y las estrictas politicas migratorias que se aplican en el resto del mundo contra Haití y los haitianos? Les aseguro que no lo encontrarán. Porque a Solain Pie no le interesan los millones de haitianos que viven en su país. Es más, ni siquiera le interesa el millón y pico de sus compatriotas que viven en la República Dominicana. Ella, como muchos otros de su comparsa social-civilezca, se mueve al ritmo que marcan las ayudas de las agencias de cooperación internacional, y en este caso las fundaciones que levantan miles de millones de dólares dizque para ayudar a los países pobres, todas muy bien financiadas por las grandes economías del mundo para que “defiendan” los derechos de los migrantes, siempre y cuando estén fuera de las fronteras de sus países. Por eso el Estado dominicano no debe tomarse esta demanda a la ligera. Se trata de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, donde ya hemos sido condenados con anterioridad por casos parecidos. Aquella vez nos condenaron por la desidia con que se manejaron en el pasado las más altas instancias del poder político. Eso no debe suceder nuevamente. El presidente Fernández debe poner atención a este caso y articular, junto con el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Junta Central Electoral, la mejor defensa posible. Razones jurídicas y morales nos sobran para defendernos de Pie y de los demás farsantes de la comparsa.

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