La conozco muy bien

Fue una ley consensuada, entre todas las bancadas de los diferentes partidos que en el período 98-2002 estaban representados en el Congreso. Se originó en la Cámara de Diputados, la presentó en su versión primaria el diputado del PRD Venancio Alcántara, un compañero que proviniendo de sectores humildes, conocía de cerca el drama que año tras año se repite en los hogares con los aumentos sin justifi cación ni regulación en los cobros de algunos colegios privados. En su primera lectura, lo recuerdo claramente, los voceros del PLD, el PRD, el PRSC y los partidos minoritarios estuvieron de acuerdo con la justeza y pertinencia del proyecto. Como todos/as éramos políticos, conocíamos el tremendo poder fáctico que constituyen los grandes centros educativos privados; también, entendíamos que la ley no podía medir con el mismo rasero a todos los Colegios; en un país donde la educación pública no cumple con sus funciones constitucionales, los pequeños colegios privados que funcionan en los barrios pobres la sustituyen, aún sea precariamente. Para analizar sus aristas y complementar el proyecto de ley, lo enviamos a la Comisión de Educación que yo presidí durante todo el período 1998-2002. Era, sin duda alguna, una muy buena Comisión, entre sus miembros, dos ex rectores de la UASD, el Dr. Rafael Kasse Acta y el Dr. José Joaquín Bidó Medina. Un capaz adepeísta José Izquierdo, Arsenia Tejada, profesora universitaria, formaban también parte de ella. Junto a esos nombres que vienen diáfanamente a mi memoria, porque se empoderaron en el estudio y el enriquecimiento del proyecto otros diputados y diputadas, incluyendo por supuesto al proponente. Trabajamos a diario. Construimos, partiendo de la zapata del proyecto, una estructura legislativa sólida que aportó el Dr. Bidó Medina en buena parte, yo incluí en el texto un esbozo de reglamento, para hacer más fácil su aplicación. Y se confi rmó y amplió un merecido apoyo a los colegios “pobres”, que luchan por los pobres. Cuando volvió a la sala de sesiones, conservando el espíritu y la gran parte de la letra del proyecto de Venancio, la ley fue ponderada y aprobada por los diputados presentes. Hubo emoción en las voces de alguna, como la hoy senadora Cristina Lizardo, quien encontró en su pasado de maestra, razones lúcidas para apoyarla. En el Senado, apoderada la Comisión de Educación que presidía Milagros, se aprobó igualmente la ley. Y ni decir que fue promulgada, por un presidente perredeísta. Así nació, así creció, en comisiones de educación, sensibles a los problemas de la gente, la ley 86-00, esa sobre la que he hablado tanto desde la que impulsé convencida. Tenía en la carpeta de mis acciones fallidas como Secretaria de Estado de Educación una propuesta para regular las tarifas, después de haber realizado un estudio de costos a los colegios privados que, en 1984, arrojó que los “grandes” acumulaban benefi cios netos de 102% al año, sin reinvertirlos en mejorar su calidad. No existía en esa época una ley de Educación que, como la actual 66-97, reconociera al Estado taxativamente su condición de “rector de la educación nacional”. Por eso, y por la presión de los grandes colegios que se califi can como “empresas”, desconociendo el carácter de servicio público que siempre tiene la educación, esa acción no cuajó. La ley 66-97 dió el marco macro de legalidad a la ley 86-00, y ahí está ella, existe, el actual secretario acaba, él así lo dice, de desengavetarla, y ha anunciado que la aplicará a partir del año 2011. Aunque algunas organizaciones corporativas han hablado desafi ando al ministro, y a la ley, lo que es grave, sigo creyendo que se puede y se debe aplicar, en sus dos vertientes: la primera, velando las autoridades que se cumplan los requisitos y condiciones para aumentar tarifas que suben como chichiguas cada inicio de año escolar. Ahí está el magnífi co estudio de categorización de los colegios privados, que un erudito experto dominicano, el profesor Aziz Mafouhd, dejó listo durante la gestión de Milagros, para facilitar su aplicación, que tendrá amplio respaldo de la comunidad. La otra vertiente constituirá un gran esfuerzo ético y popular para equilibrar protestas y resistencias soberbias: la asunción por parte de la Secretaría de las obligaciones que le dicta la ley 86-00 con respecto a los pequeños colegios de barrio. Conozco bien la ley 86-00. Conozco sus detractores. Me imagino las maniobras para mantenerla engavetada, aunque sigue viva y viable. Doy En Plural un gran soplo para quitarle el polvo, y ponerla limpiecita, justa y pertinente, al servicio de las familias dominicanas.