Magistrado, es hora de actuar

El honorable magistrado Presidente de la Suprema Corte de Justicia, Dr. Jorge Subero Isa, ha planteado una cumbre nacional para abordar el tema primordial de los dominicanos del día de hoy, que es sin duda la inseguridad ciudadana y la creciente ola delincuencial que golpea de forma inmisericorde a los ciudadanos de bien de este país. Estoy convencido de las buenas intenciones del magistrado Jorge Subero Isa al proponer dicha cumbre, porque el encuentro y diálogo para buscar correctivos es imprescindible para llegar a conclusiones acertadas. No obstante a ello, entiendo que dada la magnitud que está tomando el fenómeno delincuencial en el país, las circunstancias lo que demandan es una actuación urgente por parte del Congreso Nacional, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, para implementar de forma efectiva y conjunta una política anticrimen. Con el respeto debido, soy de los que cree que a la cumbre propuesta el Poder Judicial debe ir con una actitud de autocrítica, reconociendo en lo que le toca, su responsabilidad de lo que está ocurriendo y sobre todo en haber dado paso a la implementación de un Código Procesal Penal (garantista en extremo), sin haber medido previamente su viabilidad en la sociedad dominicana, lo que ha contribuido grandemente al relajamiento de la disciplina social y a la creciente pérdida de temor a delinquir. El magistrado Subero y el Poder Judicial deben comprender que en los últimos años, con la implementación de dicho Código, pasamos del extremo de la inaceptable práctica del “Tránquenlo!”, que se prestaba a abusos contra determinados imputados, al extremo, mucho más peligroso, de la teoría del “Suéltenlo!”, donde la víctima no es el imputado, sino la sociedad, que queda a merced de peligrosos delincuentes, en su mayoría reincidentes, que debiendo estar tras las rejas, andan por las calles matando y atracando impunemente. Cónsono con esa nueva fi losofía procesal penal, la Escuela Nacional de la Magistratura ha inculcado a todos los jueces penales que la regla es la libertad del imputado, no importa que éste haya cometido hechos graves y que sólo se debe ordenar la prisión preventiva de éste, de forma muy excepcional y en los casos, conforme al Código, de que el individuo represente un “peligro de fuga”. La teoría del “Suéltenlo!”, como una práctica generalizada judicialmente, ha sido directamente proporcional al incremento e incentivo a la delincuencia, ya que el ciudadano ha perdido todo temor a ser reprimido ejemplarmente por la autoridad en sus inconductas, y tiene la conciencia y seguridad de que obtendría una libertad rápida a través del garantista Código Procesal Penal que nos rige. El Poder Judicial en sentido amplio (jueces y fi scales) tiene que aceptar humildemente que la famosa tesis del Código de que el fi n último del sistema procesal penal procura la “solución de confl ictos” ha fracasado estrepitosamente. Y ha fracasado porque se ha olvidado de su deber fundamental de defender a la sociedad. No hay una sola letra en la nueva normativa procesal que se refi era al interés supremo de defender a la sociedad y al choque de derechos que se produce cuando la libertad de un individuo peligroso pueda afectar esa seguridad indispensable para la convivencia pacífi ca en sociedad. Igualmente, la Suprema Corte de Justicia y el profesor Subero deben comprender que la lucha contra el narcotráfi co internacional (uno de los problemas fundamentales de la criminalidad) desde el punto de vista judicial nunca podrá ser efectiva si no se crean jurisdicciones nacionales especiales, protegidas y técnicamente preparadas para enfrentar con efi cacia a los capos de las drogas y del crimen organizado. Me he preguntado una y otra vez por qué es tan difícil entender que nuestros remotos y desvalidos tribunales de lejanas provincias del interior, no están en capacidad para lidiar con este fenómeno a la hora de juzgar grandes casos de droga. Sobre mi experiencia en las “Cumbres”, creo oportuno relatar que hace dos años asistí a la Cumbre de las Fuerzas Vivas, que convocara el Poder Ejecutivo en un hotel de esta capital. Me tocó participar en la mesa de Seguridad Ciudadana, durante varios días de largas y fructíferas discusiones, donde estaba representada la mayor parte de la sociedad dominicana. La conclusión a unanimidad de la mesa de Seguridad Ciudadana fue la urgente modifi cación del Código Procesal Penal en aquellos aspectos que han probado ser mecanismos expeditos en favor de la delincuencia, y especialmente de los reincidentes. Esas conclusiones, que recogía básicamente las modifi caciones aprobadas por el Congreso Nacional a iniciativas del entonces senador del Distrito José Tomás Pérez, fueron avaladas por la Iglesia Católica, interpretando fi elmente lo que hoy es un solo grito en todo el país. Pese a todo ello, no ha habido forma alguna de que el Congreso Nacional se aboque a conocer de esa urgente modifi cación del Código Procesal Penal, por la reconocida resistencia que de forma conjunta ha habido de altas esferas del Poder Ejecutivo, cercanas al Presidente de la República, con sectores importantes de la Suprema Corte de Justicia, que se han negado a cualquier posibilidad en ese sentido. Ojalá y el profesor Subero y el Dr. César Pina Toribio puedan llegar a la conclusión de que es hora de actuar sin más dilaciones.