El Congreso y la Ley de Información Pública

Santo Domingo.- “Un gobierno popular, sin información popular, o los medios de adquirirla, es un prólogo a una farsa o a una tragedia ño quizás a ambas. El conocimiento gobernará por siempre a la ignorancia. Y las personas que quieren ser sus propios gobernantes deben armarse con el poder que da el conocimiento”. Así se expresaba uno de los padres de la patria y autor principal de la Constitución de los Estados Unidos, en orden de sucesión el cuarto presidente James Madison, en carta a W. T. Barry, el 4 de agosto de 1822. El derecho de libre acceso a la información pública está consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la que la República Dominicana es signataria: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”. Parecería temerario plantear una modificación de esa declaración aprobada en París el 10 de diciembre de 1948 y asumida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), fundada el 24 de octubre de 1945 en San Francisco, California. Los congresistas que participaron en la aprobación de la “Ley de Libre Acceso a la Información Pública” en el año 2004 actuaron de modo correcto y con ello dieron un paso adelante en el proceso de democratización del país. Conviene revisar el discurso del profesor Juan Bosch en el acto de juramentación de su gobierno cuando manifestaba: “Mientras nosotros gobernemos en este país, no perecerá la libertad ni la democracia”. Resulta confuso y peligroso producir una modificación de esa ley de tan joven vida y de tantas esperanzas de provecho para la nación. El sano ejercicio de esa ley no afecta a nadie en particular, es un logro de la democracia y del estado de derecho sin importar quién esté en el gobierno o en la oposición. No es un tema que beneficia exclusivamente a la prensa nacional o a los periodistas, favorece a todos los ciudadanos que debemos ser asistidos por una información oportuna, correcta, y que provenga de una fuente que revista autoridad. Es una conquista del ser humano, del ciudadano, es un derecho como el de respirar y debe ser respetado. Se trata de un instrumento básico que permite supervisar el control de la gestión gubernamental y facilita una participación ciudadana efectiva y responsable en los procesos de toma de decisiones. Es decir, el ejercicio del derecho se instaura como una práctica beneficiosa en el logro de un mayor acceso y viabilidad de las políticas públicas diseñadas por el Estado. El reconocimiento del derecho de acceso a la información pública, en consecuencia, colabora con el establecimiento y desarrollo de la democracia participativa, multiplicando el número de actores que intervienen en la toma de decisiones gubernamentales. Además, un régimen real de libre acceso a la información pública contribuye a la descentralización del poder y a la reducción de la discrecionalidad administrativa, permitiendo gestiones gubernamentales más transparentes y confiables al aumentar la diafanidad de la gestión pública y combatir de ese modo la corrupción, podemos hasta entender que una conquista de esta naturaleza no sea del agrado de un gobernante, congresista, o ciudadano y que dicha ley le resulte hasta molestosa, pero revertir esta conquista del pueblo dominicano constituye un mal mensaje de los gobernantes a los gobernados, y más aún en víspera de procesos electorales que deben de estar rodeados de la mayor transparencia pública y para los que el amparo de una ley de esta naturaleza es esencial. El acceso a la información pública es imprescindible para el desarrollo de una democracia sana, donde prime la transparencia y en la cual los representados practiquen un verdadero y efectivo control social sobre sus representantes, desalentando la corrupción y promoviendo la eficiencia estatal y una real rendición de cuentas de los gobernantes a los ciudadanos. De lo contrario, todo intento de mayor participación responsable y comprometida es una utopía. Mi tesis de graduación se inspiró en el avance democrático de esta ley. Decidí continuar mis estudios de derecho en el exterior e hice mención en repetidas ocasiones de este logro de la democracia dominicana. Mi confianza en un congreso democrático y en un poder ejecutivo democrático impidieron que por mi mente pasara la idea de que ese congreso y ese poder ejecutivo fueran a mutilar esta conquista, no de la prensa nacional, sino del país. No se trata de un tema particular, es algo que toca por igual a todos los ciudadanos, incluyendo al propio diputado que asumió la responsabilidad de herir de gravedad la iniciativa del entonces senador del PLD José Tomás Pérez. “Cosas veredes Sancho” decía don Miguel de Cervantes y Saavedra. ¿A quienes beneficiará condicionar una ley que le permite a los dominicanos estar debidamente informados sobre el manejo de sus bienes? ¿Resultará beneficiado con esta iniciativa de mutilar la Ley de Libre Acceso a la Información Pública el presidente Leonel Fernández, figura política de reconocida conciencia histórica democrática? Hay tiempo para recapacitar, aunque el pueblo inexorablemente será el juez que dará respuesta a estas interrogantes. Como profesional del derecho aseguro que el mandato popular delegado en el Poder Ejecutivo y en el congresional no fue otorgado por los ciudadanos para que les cercenen sus conquistas como es el caso de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública.