¡Hay que cambiar ese Código!

El último que tronó contra el Código Procesal Penal fue el dirigente perredeísta, doctor Milton Ray Guevara, bajo el argumento de que hay que cambiarlo o reformarlo “porque en la práctica ha demostrado su falta de eficacia”. El abogado Ray Guevara sabe de esta materia, a lo que hay que sumarle su experiencia de embajador en Francia, que junto con Alemania, Gran Bretaña y la antigua Roma, cubren todo lo que fue ejercicio jurídico en el país, y cualquier iniciado en ciencias sociales o filosofía del Derecho, sabe que lo que no demuestre su eficacia en la práctica, en vez de corpus doctrinal o científico, es pura especulación. El que tiene dos dedos de frente sabe que después de la aplicación de ese Código hay más de 20 mil liberados bajo fianza que nunca se reportan a los fiscales el día fijado como medida precautoria por los jueces sin que nadie salga a buscarlos; y otros, ya han “espantado la mula”, como el famoso San Gubson (Solomo Ven-To) o en otros países, la mayoría con identidades falsas, gracias a la maldita extrapolación que le impuso “la justicia Bush-Al Gonzáles” a través de la USAID a estos paisitos (a los pendÖ), para que nos lleve el diablo de la delincuencia y el narcotráfico, sin importar lo que digan los Guillermo Moreno, Domínguez Brito o Félix D. Olivares y demás paniaguados que aquí son epítomes de juristas enjundiosos, pero incapaces de litigar en cualquier país del Segundo Mundo, verbigracia: Chile o Argentina, para no ir muy lejos. (Es el caso que siempre denunció Jimenes-Grullón, en cuando a que había que caerles a patadas a “los altares” para derribar tantos santos fatuos). Ese Código es una mezcla abigarrada del Derecho Romano, del Código Napoleónico, Derecho norteamericano y canadiense de origen inglés; pero que aquí, como el disco del “revejío no es mío” de Wilfredo Vargas, no “acopla con nuestra realidad”, aunque nos agarremos del subdesarrollo, la corrupción, de la Justicia tuerta o de lo que sea. Lo primeroSi el antiguo Código Procesal Penal era inicuo, el nuevo nos lleva derecho a la disolución de la Nación, porque ha dañado lo principal: mató el “temor” que los delincuentes tenían al “tránquenlo” o a la “instrucción secreta” (que es verdad que son fruto de una cultura autoritaria y violadora de los derechos humanos y demás prerrogativas anexas), pero, ¿qué derechos respetan los que nos lo impusieron a través de Participación Ciudadana y ese paquete de ‘commodities’ que ejercen la abogacía en nuestro país, más como delincuentes que como pretendidos impulsores de una sociedad justa y con equidad? ¡Y por eso, aunque griten estos ‘defensores’ de la sociedad, de los pobres y los derechos humanos, todos son ricos! Pese a que hay 40 mil abogados que no ejercen por falta de preparación, de los cuales muchos ellos fueron profesores, que no ejercen y son venduteros y hasta chóferes de concho. ¡Y espero que alguno de los promotores de ese engendro lance la primera piedra! No sólo lo de Abud Grahid, Guantánamo (contrato imperial que se venció a final del siglo XX y no devuelven el pedazo robado a Cuba), el bloqueo universal a ese país; la invasión a Irak sin autorización de la inservible ONU (que tiene 60 años barajando para establecer, como la indica la razón, un Estado Hebreo y otro Palestino); los que invadieron Granada y destruyeron Yugoslavia, encarcelaron a Milosevic y ahora dan una orden de aprehensión contra el presidente de Sudán por lo de Darfur (“crímenes de guerra”) de un famoso Tribunal Internacional de Crímenes contra la Humanidad, pero que no puede enjuiciar a un solo soldado de EEUU por esos crímenes. Hemos trasplantado un Código para juzgar a los nuestros de un país que sabe dónde está Sam Gubson y no lo devuelve, y que se ha inventado mil artimañas para no entregar al terrorista Posada Carriles a la Justicia venezolana. Un país que tiene 7.5 millones de presos o bajo palabra y una cárcel al sur de California con capacidad para 2 mil delincuentes, pero tiene 4,500, mientras gasta U$$ billones matando inocentes en otros países para robarles sus fuentes energéticas. Los lacayos que elaboraron ese Código, sin importar quienes sean, ¿porqué no incluyeron un articulado en que se consignara que las víctimas pobres, tendrían un defensor de oficio, al igual que los delincuentes? Las víctimasLas victimas pobres de los delincuentes sólo tienen a los medios de comunicación, si no es que se vende algún ejecutivo o reportero. Después, tienen que empeñar no sólo enseres del hogar, sino hasta la casa, para librarse de los delincuentes puestos en libertad, que les sacan la lengua, se burlan de ellos y les dan seis tiros en las piernas (como a la señora de Guachupita); matan a las victimas o las hacen huir del barrio. Sometidos 15 veces, 15 veces se les concede la fianza o el habeas corpus. ¿Y a quién le van temer esos leones del CumajÚn? Un Ministerio Público con tres ayudantes y una “policía científica” que no gana para la canasta familiar y 10,000 expedientes. ¿Con qué energía harán acopio de las pruebas para hacer condenar a esos leones, defendidos por litigantes temerarios, que cometen delito de audiencia faltándoles el respeto a los magistrados y ningún juez se atreve a ordenar su prisión por el día que indica ley? Pero EEUU, que es rico, le cuesta millares de U$$ para reunir las pruebas del delito. ¡Y lo grande, señores, fue que Vinicio Castillo Semán va a la “Cumbre del Dialogo” y platea la “modificación” del Código de marras, y su posición, de consenso, la escamotearon del resumen que le entregaron al Presidente! ¡Ayy, país! ¡Excúsenme por el panfleto!