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La Policía en la investigación criminal

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Lic. Vinicio A. Castillo SemánSanto Domingo

El rol de la Policía Nacional en la investigación criminal fue sin dudas el tema que mayores y más encendidos debates provocó en la mesa de Seguridad Ciudadana de la denominada “Cumbre de las Fuerzas Vivas”. La propuesta del amigo y colega José Manuel Hernández Peguero de que se creara un único cuerpo especializado de investigación criminal, adscrito al ministerio público (con lo cual desaparecería la actual Dirección de Investigación Criminal de la PN), produjo el marco de una interesante discusión, que por su importancia y trascendencia, fue reenviada a un cónclave o seminario especial para ese tema. En los acalorados debates en los que nos tocó participar junto al ex fiscal del Distrito y al Jefe de la Policía Nacional, el también amigo general Rafael Guillermo Guzmán Fermín, planteé la necesidad de que la Policía Nacional mantenga su rol actual en la investigación criminal, siempre actuando en armonía y bajo la dirección técnica y jurídica del ministerio público, conforme lo manda nuestro Código Procesal Penal, que pone a cargo de éste la dirección de la investigación criminal y lo faculta para poner en movimiento la acción pública y presentar las pruebas recabadas ante el Poder Judicial contra cualquier imputado. Las leyes de un país tienen necesariamente que guardar una íntima vinculación cultural con la sociedad que pretenden normar. Si bien es cierto que ha sido muy provechoso y loable para esta sociedad reducir la potencia y las arbitrariedades que en otros tiempos tenía una autoridad policial (que solía actuar al margen de la autoridad judicial competente), no es menos cierto que suprimir su presencia en la investigación de crímenes y delitos, y convertirla en una policía únicamente preventiva y de patrullaje, puede ser sumamente trastornador y perjudicial, agravando el fenómeno criminal en la República Dominicana. Hoy, por fortuna, y en un esfuerzo iniciado en el primer gobierno del Presidente Fernández bajo la gestión como Procurador General de la República del Dr. Abel Rodríguez del Orbe, la Policía Nacional no puede actuar sin un fiscal; no puede allanar ni intervenir teléfonos sin una orden de un juez competente. Su efectiva misión, que ha acumulado décadas de experiencia en la investigación criminal, ha sido complementada por nuestro ordenamiento jurídico con la intervención de jueces y fiscales para proteger derechos fundamentales de los investigados y/o imputados, evitar atropellos indeseables y garantizar el debido proceso. Para nadie es un secreto que el 90% de la efectividad en la resolución de investigaciones criminales descansa hoy en la pericia y destreza de la Policía Nacional, sujetada técnica y jurídicamente al ministerio público. El fiscal que llega a una escena del crimen o realiza cualquier otra diligencia que conlleve la investigación criminal en un medio como el nuestro (donde lamentablemente sólo se respeta, con sus consabidas excepciones, a los hombres de uniforme armados), requiere del auxilio de la Policía Nacional y sus investigadores, que están presentes funcionalmente en toda la geografía nacional. Lo que sí se necesita, y sí fue aprobado por la mesa de Seguridad Ciudadana, es un Instituto de Formación Técnica en la Investigación Criminal, en el que se puedan formar, tanto fiscales como policías, y otros miembros de cuerpos de seguridad del Estado, propuesta en la que sí coincidimos con el amigo Hernández Peguero y a la que el gobierno, al través del Secretario de Interior y Policía, se mostró de acuerdo. La creación de un Instituto Académico de Investigación Criminal puede ser de inmediato uno de los resultados tangibles de la “Cumbre de las Fuerzas Vivas” convocada por el Presidente Leonel Fernández. En este aspecto, no es nada difícil, si las autoridades así se lo proponen, obtener colaboración de primer nivel de sociedades desarrolladas como Estados Unidos, Canadá, países de Europa y de América Latina como Colombia, para crear un cuerpo académico que nos permita formar en corto plazo (dos o tres años), 100 ó 150 individuos de diferentes ramas, capacitados en las últimas técnicas de la investigación criminal. Al finalizar la gran controversia sobre el tema original propuesto de la creación de un cuerpo único de investigación criminal, se pudo sacar de la misma y por consenso, la creación del Instituto de Formación de Investigación Criminal. Ojalá el Secretario de Interior Dr. Franklin Almeida, el Procurador General Dr. Radhamés Jiménez y el Presidente de la República Dr. Leonel Fernández, hagan realidad en corto plazo esta propuesta de la “Cumbre de las Fuerzas Vivas”.

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