FENTANILO 

EE.UU. anuncia medidas radicales contra productores chinos de la cadena de suministro de fentanilo

Un frasco que contiene 2 mg de fentanilo se exhibe en el Laboratorio de Investigación y Pruebas Especiales de la Administración de Control de Drogas (DEA) en Sterling, Virginia.

Un frasco que contiene 2 mg de fentanilo se exhibe en el Laboratorio de Investigación y Pruebas Especiales de la Administración de Control de Drogas (DEA) en Sterling, Virginia.AP

El gobierno de Biden apuntó el martes a la amenaza del tráfico de fentanilo y anunció una serie de acusaciones y sanciones contra empresas y ejecutivos chinos acusados de importar los productos químicos utilizados para fabricar la droga mortal.

Los funcionarios describieron las acciones, que incluyen cargos contra ocho empresas chinas acusadas de publicitar, fabricar y distribuir sustancias químicas precursoras de opioides sintéticos como el fentanilo, como el último esfuerzo en su lucha contra la crisis de sobredosis más mortífera en la historia de Estados Unidos. Las medidas también se producen un día antes de que altos funcionarios de la administración visiten México, cuyos cárteles son parte de la red mundial de tráfico, para reuniones que se espera incluyan discusiones sobre la amenaza de las drogas.

"Sabemos que esta red incluye a los líderes de los cárteles, sus narcotraficantes, sus blanqueadores de dinero, sus operadores de laboratorios clandestinos, sus fuerzas de seguridad, sus proveedores de armas y sus proveedores de productos químicos", dijo el Fiscal General Merrick Garland en una conferencia de prensa. "Y sabemos que esta cadena mundial de suministro de fentanilo, que termina con la muerte de estadounidenses, a menudo comienza con empresas químicas en China".

Además de acusar a ocho empresas, el Departamento de Justicia también acusó a 12 ejecutivos por su presunto papel en el tráfico de drogas. En una acción coordinada, el Departamento del Tesoro anunció sanciones contra 28 personas y empresas (la mayoría en China pero también en Canadá) que las aislaron del sistema financiero estadounidense y prohibieron a cualquier persona en ese país hacer negocios con ellas. Ninguno de los acusados ha sido arrestado, pero Garland dijo que "era nuestra intención llevar a cada uno de estos acusados ante la justicia".

"Es el último paso en la rápida ampliación de nuestro trabajo dirigido a los flujos financieros que impulsan el comercio mundial de drogas ilícitas", dijo el subsecretario del Tesoro, Wally Adeyemo, en un discurso preparado. Adeyemo dijo que el Tesoro también está buscando a amigos, familiares y afiliados de las personas que se benefician de la venta de drogas.

"Si usted se beneficia de las ganancias de esta actividad ilícita, iremos tras sus activos", dijo.

México y China son las principales fuentes de fentanilo y sustancias relacionadas que se trafican directamente a Estados Unidos, según la Agencia Antidrogas (DEA), encargada de combatir el tráfico ilícito de drogas. Casi todos los precursores químicos necesarios para fabricar fentanilo provienen de China. Y las empresas que fabrican los precursores utilizan habitualmente direcciones de remitente falsas y etiquetan mal los productos para evitar ser descubiertas por las autoridades.

Uno de los ejemplos citados por el Departamento de Justicia involucró a una compañía farmacéutica china que anunciaba xilazina, un tranquilizante para caballos sin uso humano conocido que a menudo se mezcla con fentanilo para asegurar un efecto más potente, y enviaba los químicos a Estados Unidos y México. Uno de los compradores en México, dijeron las autoridades, era un narcotraficante asociado con el Cartel de Sinaloa.

Esta última acción se produce luego de que este año se tomaran una serie de medidas contra miembros del cartel de Sinaloa fuera de México, mensajeros de efectivo y esquemas de fraude del cartel.

Sin embargo, los republicanos se han quejado de que el gobierno no está haciendo lo suficiente para detener el fentanilo y es probable que el tema ocupe un lugar destacado en la campaña presidencial del próximo año.

En febrero, 21 fiscales generales estatales republicanos escribieron una carta al presidente Joe Biden y al secretario de Estado Antony Blinken pidiéndoles que designaran a los cárteles de la droga mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras. Y el año pasado, un grupo de fiscales generales republicanos pidió al presidente que declarara el fentanilo arma de destrucción masiva. No se han tomado tales acciones.

El fentanilo, un poderoso opioide, es actualmente la droga más mortífera en Estados Unidos. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades afirman que las muertes por sobredosis de drogas se han multiplicado por más de siete entre 2015 y 2021.

Más de 100.000 muertes al año se han relacionado con sobredosis de drogas desde 2020 y alrededor de dos tercios de ellas están relacionadas con el fentanilo. La cifra de muertos es más de diez veces mayor y Estados Unidos ha tomado una serie de medidas para detener la ola de fentanilo que ingresa al país. En total, la administración Biden ha impuesto más de 200 sanciones relacionadas con el tráfico ilegal de drogas.

Y los legisladores estatales de todo el país están respondiendo a la crisis de sobredosis más mortífera en la historia de Estados Unidos. impulsando penas más severas por posesión de fentanilo.

En un discurso en la Cumbre Familiar sobre Fentanilo la semana pasada, el Fiscal General Merrick Garland dijo que el Departamento de Justicia enviará unos 345 millones de dólares en fondos federales durante el próximo año, incluido dinero para apoyar la tutoría de jóvenes en riesgo y aumentar el acceso a la naloxona, fármaco para revertir una sobredosis.

En Capitol Hill, un grupo bipartidista de legisladores de los comités de Banca y Servicios Armados del Senado presentó una legislación que declararía el tráfico de fentanilo como una emergencia nacional y alentaría al Tesoro a utilizar su autoridad de sanciones para sofocar la proliferación de la droga en los EE.UU.

También impondría requisitos de presentación de informes y permitiría al presidente confiscar propiedades sancionadas de los traficantes de fentanilo para utilizarlas en esfuerzos de aplicación de la ley.