Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Suscribete

EE.UU. prohíbe la entrada al expresidente de Panamá Juan Carlos Varela por corrupción

El presidente entre 2014 y 2019, está acusado por la Justicia panameña por lavado de activos en el caso Odebrecht.

Informe. Juan Carlos Valera durante su discurso.

Juan Carlos Valera durante su discurso.Archivo

Estados Unidos ha prohibido la entrada al país al expresidente de Panamá Juan Carlos Varela y a su familia por su vinculación en "importantes" actos de corrupción, anunció este jueves el secretario de Estado, Antony Blinken.

Varela, presidente entre 2014 y 2019, está acusado por la Justicia panameña por lavado de activos en el caso Odebrecht, en el que también está implicado el expresidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014).

La decisión, aseguró Blinken en un comunicado, "reafirma el compromiso de EE.UU. con combatir la corrupción endémica en Panamá".

"Esperamos que la acción de hoy impulse a los funcionarios y autoridades de Panamá a abordar la corrupción arraigada y empoderar a todos aquellos que defienden el estado de derecho", subrayó el canciller.

El próximo agosto comenzará en Panamá el juicio contra Varela y Martinelli, junto a otras 34 personas, acusadas de blanqueo de capitales en la trama de corrupción de la constructora brasileña en el país.

En enero de este año, EE.UU. también prohibió la entrada a Marinelli y sus hijos, Ricardo Alberto y Luis Enrique, quienes también enfrentan cargos por el caso Odebrecht.

De acuerdo con la fiscalía de Panamá, la empresa constructora, que fue durante años la principal contratista del Estado, pagó sobornos a "diestra y siniestra" a funcionarios y políticos en el país centroamericano.

La investigación por este caso en Panamá se abrió en 2015, fue archivada, reabierta en 2017 - luego que la empresa confesó en EE.UU. que había pagado millones en sobornos en una docena de países - y culminó en octubre de 2018.

En julio de 2017, Odebrecht firmó con la Fiscalía panameña un acuerdo para pagar en 12 años una multa de 220 millones de dólares (unos 195 millones de euros) al Estado, el cual no se está cumpliendo.