Propuesta de Constitución conservadora quedó lista para ser votada en Chile

Las fuerzas de derecha en Chile aprobaron este lunes un nuevo proyecto de Constitución para reemplazar a la impuesta por la dictadura de Augusto Pinochet, que en esencia preserva el mismo tono conservador y que será sometido a plebiscito en diciembre.

Con 33 votos a favor y 17 en contra, el Consejo Constitucional dio paso a un nuevo marco normativo para reemplazar el que está vigente desde 1980.

Entre sus 216 artículos están varios polémicos que endurecen el trato a la migración irregular o facultan a las autoridades a declarar con mayor agilidad los estados de excepción, bajo los cuales se pueden limitar derechos.

"La nueva Constitución es mejor que la actual, porque se hace cargo de un Chile muy diferente al de 1980; con el desafío más urgente que es la seguridad", dijo el abogado Luis Silva, del partido Republicano, que obtuvo 22 de los 50 escaños en el Consejo.

Aunque la actual Carta Magna de 143 artículos fue reformada varias veces, todavía sigue dividiendo a los chilenos que ya rechazaron en las urnas un primer proyecto de Constitución impulsado por la izquierda.

La propuesta votada este lunes será entregada el 7 de noviembre al presidente izquierdista Gabriel Boric, quien debe convocar a un plebiscito el 17 de diciembre, cuando los electores decidirán si incorporan una nueva Constitución o mantienen la heredada de la dictadura.

Chile avanza en su segundo intento por dotarse de una nueva Constitución tras las protestas sociales que estallaron en 2019, en reclamo de una mayor igualdad social.

Tras el plebiscito que desechó la primera iniciativa, las fuerzas políticas acordaron redactar otra propuesta, pero esta vez quedó a cargo de un órgano dominado por la derecha y ultraderecha.

Entre las modificaciones más polémicas está una que, según la izquierda, allana el camino para que sea revisada la actual ley de aborto en tres causales: violación, inviabilidad del feto y cuando la vida de la madre corre riesgo.

También introduce una norma que ordena la expulsión "en el menor tiempo posible" de extranjeros que ingresen a Chile "de forma clandestina o por pasos no habilitados", en un guiño a los sectores que reclaman mano dura ante el incremento de la inseguridad que asocian con la migración.

En la última década han llegado a Chile unos 1,7 millones de migrantes, casi la mitad de ellos venezolanos.

Para la izquierda representada en el Consejo el nuevo texto "es más abusivo y excluyente que la Constitución actual", según la consejera María Pardo.

Según sondeos, este proyecto también será rechazado en diciembre. La encuesta semanal Cadem sostiene que el "en contra" lograría el 51%, mientras que el "a favor" un 34%.