El Gobierno de EEUU ha recopilado 1,5 millones de muestras de ADN de inmigrantes
Los perfiles han sido guardados en el muestras de ADN de inmigrantes (CODIS, en inglés) bajo una etiqueta de “delincuente”
Muestra de ADN
El Departamento de Seguridad Interna (DHS, en inglés) ha agregado en los últimos cuatro años más de 1,5 millones de perfiles de ADN de inmigrantes a las bases de datos del gobierno estadounidense, según un informe publicado este martes por el Centro de Privacidad y Tecnología de Georgetown.
El estudio ‘Raiding the Genome: How the United States Government Is Abusing Its Immigration Powers to Amass DNA for Future Policing’ encontró que la recopilación de ADN ha aumentado en un 5.000%.
Los perfiles han sido guardados en el Sistema de Índice Combinado de ADN (CODIS, en inglés) bajo una etiqueta de “delincuente”, donde están disponibles de forma permanente para que las autoridades busquen información.
El reporte advierte que durante las dos primeras décadas de existencia del CODIS, el gobierno recopiló aproximadamente 25.000 perfiles de ADN de inmigrantes a la base de datos.
Pero desde la implementación de un programa instituido por la Administración de Donald Trump en 2020 el número de muestras se ha disparado.
El programa, que también ha sido implementado en el Gobierno del presidente Joe Biden, permite al DHS recolectar el ADN de cualquier persona que haya sido detenida por agentes de inmigración.
Los investigadores consideran que el DHS “engaña e intimida a las personas para poder recopilar las muestras”.
Inmigrantes entrevistados para el reporte desconocían que les habían tomado las muestras de ADN en la frontera, y muchos de los que fueron conscientes “tuvieron miedo de preguntar” para qué sería usada la muestra.
“El gobierno está explotando sus poderes de inmigración para recolectar material genético a un ritmo que no sería posible al poder policial hacerlo”, asegura el reporte.
También advierte que es “extremadamente arriesgado” guardar las muestras de forma indefinida debido a los rápidos avances en la tecnología y la falta de un marco legal.
Los investigadores han recomendado a la Administración Biden y al Congreso de EE.UU. poner fin de inmediato a este programa.