Fiscal general de Guatemala asegura no va a renunciar

La fiscal general guatemalteca Consuelo Porras dijo ayer miércoles que no renunciará e incluso amenazó con tomar acciones judiciales contra aquellos que intenten removerla del cargo, en tanto que el presidente, Bernardo Arévalo, quien pidió su renuncia, la convocó a una reunión de gabinete de asistencia obligatoria.

“No voy a renunciar”, dijo la mujer de 70 años en un video hecho público por la fiscalía la mañana del miércoles, el mismo día en que Arévalo la había citado para que presentara un informe sobre cuatro puntos específicos en los que la fiscalía participa. La funcionaria citó varias resoluciones judiciales para argumentar que tampoco está obligada a ir a la cita, “por ser una institución autónoma e independiente”.

“Usted como máxima autoridad de la nación debe respetar lo que establece la Carta Magna y las leyes del país”, agregó al sostener que la Constitución establece su mandato y que lo cumplirá.

Arévalo le solicitó la renuncia a Porras a pedido de autoridades indígenas que, durante más de tres meses, protestaron frente a la fiscalía y bloquearon carreteras en el país por su intento de desconocer los resultados electorales y las acciones judiciales contra el proceso electoral que pusieron en riesgo la gobernabilidad del país.

sancionada dos veces

Porras ha sido sancionada dos veces por el gobierno estadounidense que la considera responsable obstruir la lucha contra la corrupción y socavar la democracia en el país centroamericano.

Más tarde, el presidente Arévalo indicó en conferencia de prensa que la fiscal no había respondido a los cuestionamiento que le hizo ni asistió a la reunión prevista. Explicó el mandatario que el siguiente paso es invitarla a una reunión de gabinete de asistencia obligatoria, como consta en el artículo 4 de la Ley del Ministerio Público.

“La Ley la obliga y si no asiste, estaría cayendo en incumplimiento de deberes”, dijo el presidente que adelantó que la cita sería el próximo lunes, cuando se reúne con su gabinete de gobierno.

Arévalo le había solicitado información sobre el avance de procesos penales a cargo de la fiscalía tras sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condenaron al Estado guatemalteco y los criterios de políticas de persecución penal respecto de la libertad de expresión y prensa por haber acusado a periodistas.

También le pidió informes sobre investigaciones penales por la compra de vacunas contra el COVID-19, el presunto pago de sobornos a funcionarios del pasado gobierno, así como su protocolo de acción al momento de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgue medidas cautelares a posibles víctimas.

La fiscalía envió como respuesta un oficio con 10 páginas, pero firmado por el secretario general, no por ella. “Es una carta firmada por un empleado del MP, no por la fiscal. Es un empleado que no tiene la representación de la fiscal”, rechazó Arévalo.

Y recordó que “es una persona sancionada internacionalmente por participar en redes de corrupción. La demanda de su renuncia es una demanda generalizada dentro de la sociedad Guatemalteca.”

En su mensaje grabado, Porras exhortó al presidente a respetar la Constitución, las leyes y las resoluciones de las Cortes que negaron recursos legales para facilitar su remoción. “Toda acción en contrario puede ser ilegítima”, dijo.

Arévalo tiene varias opciones para buscar la salida de Porras de su cargo, entre ellas, una reforma a la ley del Ministerio Público. Aunque el partido del presidente no es mayoría cuenta con una alianza de más de 100 diputados de 160 Congreso para reformar esa norma.