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Bukele va por la reelección en El Salvador con el "éxito" de su guerra contra las pandillas

Bukele obtuvo el permiso del Congreso para dejar temporalmente el cargo y dedicarse a la campaña al igual que el vicepresidente Félix Ulloa, quien otra vez es su compañero de fórmula

El conservador Partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena) de El Salvador pidió el lunes al Tribunal Supremo Electoral que declare nula la inscripción de la candidatura presidencial del actual presidente Nayib Bukele porque viola la Constitución, pese al aval reciente del rector electoral a la postulación.
Uno de los magistrados del tribunal respondió a los reproches de partidos de la oposición que la candidatura de Bukele “está dentro de los parámetros legales”.
Los dirigentes del partido Arena se presentaron a las oficinas del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para presentar un escrito para pedir que se le impida participar en los comicios de febrero de 2024, alegando que la Constitución lo impide.
“La Constitución establece que se prohíbe la reelección inmediata, por lo tanto venimos a pedirle al tribunal que se haga cargo y que sean valientes con el juramento que hicieron sobre la Constitución”, agregó el presidente de Arena, Carlos García Saade.
Bukele, que goza de alta popularidad, se inscribió el pasado 27 de octubre para buscar la presidencia y la autoridad electoral emitió su criterio el viernes para permitir la participación de la fórmula presidencial del partido Nuevas Ideas con cuatro votos a favor y una abstención.
El TSE también informó que aprobó la participación de la formula presidencial del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), que encabeza el exdiputado Manuel Flores y su compañero Werner Marroquín.
“Estamos aquí para defender la Constitución de la República, para defender nuestro Estado democrático, sobre todo el Estado de derecho y que se cumplan y se hagan cumplir las leyes como lo establece la misma Constitución”, dijo a los periodistas el diputado de Arena, César Reyes.
“La inscripción está dentro de los parámetros legales, está con todas las de la ley, no sé por qué va ser algo novedoso. Lo que si es cierto es que este organismo colegiado ha actuado conforme a la ley”, afirmó el magistrado del TSE Noel Orellana en un programa de entrevista de una radio local.
El Tribunal Supremo Electoral publicó además el lunes las resoluciones de las fórmulas presidenciales de Nuevas Ideas y del FMLN, en las que los cinco magistrados razonaron sus votos.
Según la resolución, “no concurre en el señor Nayib Armando Bukele Ortez en su carácter de presidente de la República, la ilegibilidad establecida en el artículo 152 de las Constitución porque la resolución de la Sala de lo Constitucional del 3 de septiembre de 29031 lo habilita".
La magistrada presidenta del Tribuna, Dora Martínez de Barahona, quien hace referencia a los artículos de la Constitución que prohíben la reelección presidencial, aseveró en su voto concurrente que la “alternabilidad establece que los actores políticos tienen derecho a participar en un proceso electoral con las mismas oportunidades para todos, de forma libre, en igualdad de condiciones”.
Señala que la Constitución regula la “alternabilidad” y no la alternancia, que define como acción y efecto de alternar.
Martínez de Barahona también afirmó que “este organismo (TSE) no puede desconocer, desobedecer, ni tiene la opción ni la posibilidad de evadir un pronunciamiento emitido por la Sala de lo Constitucional”.
El Tribunal señala que Bukele debe “solicitar una licencia durante los seis meses previos” y especifica que el periodo está comprendido del 1 de diciembre de 2023 al 1 de junio de 2024.
Abogados constitucionalistas y opositores sostienen que la reelección que busca Bukele es ilegal y señalaron que la Constitución lo prohíbe en seis artículos diferentes.
El Tribunal informó que aún quedan por resolver las solicitudes de cinco formulas presidenciales, a las que se le hicieron observaciones que deberán de subsanar lo más pronto posible.
Pese a que la Constitución prohíbe la reelección presidencial, la Corte Suprema de Justicia determinó en 2021 que el mandatario sí puede participar en los comicios por segunda ocasión y que sería el pueblo quien tome la decisión.
La Sala también ordenó al Tribunal Supremo Electoral dar cumplimiento a la resolución. El Tribunal afirmó casi de inmediato que acataría esa disposición.
El magistrado electoral Orellana también indicó que la discusión del TSE no se centró “en que si era constitucional o inconstitucional la inscripción de cualquier candidato; la discusión en este Tribunal Supremo Electoral era si se iba a dar cumplimiento o no a la sentencia emanada de la Sala de lo Constitucional, y en ese sentido nosotros responsablemente hemos dado el voto dentro de los cuales se requería mayoría calificada”.
Orellana afirmó que le ha dado seguimiento a todas las sentencias emanadas de la Sala de lo Constitucional vinculadas directamente con el quehacer electoral “y en este Tribunal Supremo Electoral no existe ninguna sentencia que haya emitido la Sala de lo Constitucional a la cual el tribunal no le haya dado cumplimiento”.
Según las encuestas más recientes, el 70,8% de la población aprueba el gobierno de Bukele, el 72,6% cree que la imagen del presidente ha mejorado, el 97,7% piensa que la violencia ha disminuido y el 81,8% que el régimen de excepción ha ayudado mucho a controlar los índices de delincuencia.
Muy por detrás se situarían Joel Sánchez, candidato de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena), con el 4,3%, y Manuel Flores, del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, con un 2,8%.

Seguidores del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, lo saludan después de que acudiera al Tribunal Supremo Electoral a registrarse como candidato para las elecciones presidenciales del 2024 el viernes 27 de octubre de 2023 en El Salvador.Salvador Melendez

Pese a las acusaciones de que su candidatura viola la Constitución y que busca perpetuar su proyecto autoritario, el presidente salvadoreño Nayib Bukele se encamina a obtener la reelección en febrero en medio de una alta popularidad y sin oponentes de peso.

Con su cabello prolijamente engomado, su ropa casual y la gorra puesta hacia atrás Bukele, de 42 años, ha sabido promocionar su imagen en las redes sociales destacando el "éxito" de su guerra contra las pandillas en medio de denuncias de abuso de poder por parte de las fuerzas del Estado.

A pesar de que la Constitución prohíbe la reelección presidencial, una resolución de 2021 de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema habilitó a Bukele a volver a presentarse, lo que fue refrendado por el Tribunal Supremo Electoral. Según aquel fallo Bukele debía pedir una licencia de seis meses antes de finalizar su periodo para poder participar en la contienda.

Bukele obtuvo el permiso del Congreso para dejar temporalmente el cargo y dedicarse a la campaña al igual que el vicepresidente Félix Ulloa, quien otra vez es su compañero de fórmula.

La presidencia fue ocupada por Claudia Juana Rodríguez de Guevara, muy cercana al mandatario y hasta hace poco desconocida en El Salvador.

En una de las encuestas más recientes el 70,8% de los consultados aprobó el gobierno de Bukele y 97,7% consideró que la violencia ha disminuido. El sondeo elaborado por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), dirigida por los jesuitas, dio una amplia ventaja al oficialista Nuevas Ideas. Según el estudio 61,7% votaría por el partido de Bukele, 2,6% por el izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y 1,5% lo haría por el derechista Arena.

Arena gobernó el país por 20 años de 1999 a 2009, mientras que el FMLN lo hizo desde 2009 a 2019, cuando Bukele arrasó en las urnas y terminó con el bipartidismo.

"No hay ningún candidato, ningún partido que pueda competirle al presidente en este momento", dijo a The Associated Press el abogado Eduardo Escobar de la organización no gubernamental Acción Ciudadana.

Agregó que "lo que se prevé... es que gane la elección en primera vuelta de manera fácil" y que Nuevas Ideas "pueda tener al menos la mayoría absoluta, la mitad más uno de los 60 diputados del Congreso y la mayoría de las alcaldías".

La abogada y analista política Bessy Ríos criticó a los partidos de oposición porque "han perdido año y medio alegando la inconstitucionalidad (de la relección), lo cual es cierto, pero no prepararon candidatos ni los promovieron".

Napoleón Campos, especialista en temas internacionales, sostuvo que una Sala de la Corte "no puede habilitar lo que la Constitución no habilita" mientras algunos analistas consideraron que la habilitación de Bukele es "ilegítima" porque la Sala está integrada por personas afines al gobierno.

En mayo de 2021 el nuevo Congreso controlado por Nuevas Ideas y sus aliados destituyó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional, juramentó a los sucesores y aprobó una reforma para cesar a jueces y fiscales mayores de 60 años o con más de 30 años de servicio. Para los diputados de la oposición con esa reforma el oficialismo buscaba controlar el Poder Judicial.

En una entrevista con AP Juan Papier, subdirector de la División para las Américas de Human Rights Watch, sostuvo que Bukele "creó las condiciones que le permiten concentrar el poder político y buscar reelegirse para prolongar o perpetuar su proyecto autoritario".

Laura Andrade, directora del Instituto de Opinión Pública de la UCA, explicó que los salvadoreños están mayoritariamente de acuerdo con la reelección "porque no desean que haya una reversión del progreso que perciben ni de los avances en materia de seguridad".

"Tenemos más seguridad, mis hijos salen a jugar al pasaje (a la calle) sin problemas, los pandilleros están presos o se fueron a otro lado", aseguró Juana Martínez, una mujer que visitaba el centro histórico de San Salvador.

El 27 de marzo de 2022, cuando se registraron 62 homicidios en un día, el Congreso aprobó un estado de excepción que limita la libertad de asociación, suspende el derecho de una persona a ser debidamente informada de sus derechos y razón de su arresto, así como a la asistencia de un abogado. Además, amplía de 72 horas a 15 días el plazo de detención administrativa y permite a las autoridades intervenir la correspondencia y celulares de quienes considere sospechosos.

El Parlamento también reformó el Código Penal para que los integrantes de las pandillas, o cualquier otra organización delictiva, puedan ser condenados a penas de 20 a 40 años de prisión. Los cabecillas de esos grupos podrían enfrentar sentencias de 45 a 60 años de cárcel.

"Hay menos muertos, vivimos más tranquilos y no me preocupa eso de la Constitución", agregó Tomás Escalilla, un obrero de la construcción mientras esperaba el autobús en un parque de Santa Tecla, en la periferia oeste de la capital.

Liberadas de la obligación de tener que explicar cada arresto, las fuerzas de seguridad fueron de puerta en puerta, sacaron a la rastra a numerosos jóvenes y rodearon las zonas con alambres de púas para controlar quién entraba y quién salía.

Papier admitió que la política de seguridad de Bukele ha logrado reducir significativamente los homicidios y las extorsiones cometidas por las pandillas, pero afirmó que el costo del régimen de excepción "ha sido graves violaciones de derechos humanos y concentración del poder".

Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional que recientemente presentó un informe en el que señaló al Estado salvadoreño de cometer "torturas sistemáticas en las cárceles", expresó su preocupación por la reelección de Bukele porque teme que "puede fortalecer este tipo de prácticas".

El gobierno asegura que las medidas extraordinarias han sido exitosas y que se ha capturado a 74.000 personas de las cuales los jueces han liberado a más de 7.000 debido a la falta de pruebas para establecer sus vínculos con las pandillas.

En 2015 El Salvador era considerado uno de los países más violentos del mundo, con una tasa de 106 homicidios por cada 100.000 habitantes. En 2023 la Policía Nacional Civil contabilizó 195 homicidios hasta el 30 de noviembre contra los 598 del mismo período del año anterior.

Pero según un informe de Amnistía Internacional desde la vigencia del estado de excepción y hasta octubre se han registrado 327 desapariciones forzadas y más de 190 muertes bajo custodia estatal.

Algunos temen que, de lograr la reelección, Bukele mantenga e incluso refuerce el régimen de excepción.

Las llamadas maras o pandillas están involucradas en el narcotráfico y el crimen organizado, pero además extorsionan a comerciantes y empresas del transporte y asesinan a quienes se niegan a pagar.

En 2012 el gobierno estadounidense incluyó a la Mara Salvatrucha (MS-13), en una lista de organizaciones criminales. Tres años después, la Corte Suprema salvadoreña la declaró terrorista, así como a la pandilla Barrio 18.

"Ahora puedo entrar a los lugares donde mandaban las pandillas, entes era un suicidio", dijo Germán Castellón, quien entrega comida a domicilio en la comunidad La Campanera, que por casi más de tres décadas estuvo bajo el control de Barrio 18.

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