Fiscalía pide juzgen a Moreno por cohecho
Hidroeléctrica. Las acciones ilícitas se habrían producido entre 2009 y 2018, cuando Moreno ocupaba el cargo de vicepresidente en el gobierno.
El presidente ecuatoriano Lenín Moreno, al centro, y su esposa Rocío González llegan a la Asamblea Nacional para pronunciar un discurso el 24 de mayo de 2019. AP
La Fiscal General de Ecuador informó ayer miércoles que el expresidente Lenín Moreno, su esposa e hija y otras 33 personas estarían relacionadas con una red de corrupción transnacional, por lo cual solicitó a la Corte de Justicia que realice una audiencia de formulación de cargos en su contra por presunto cohecho.
La fiscal Diana Salazar aseguró en un mensaje difundido por canales y redes oficiales que la investigación de más de dos años en torno al proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclaire, “da cuenta de una estructura de corrupción” por la cual la empresa china Sinohydro, a cargo de la construcción, entregó unos 76 millones de dólares “en coimas (sobornos) … canalizadas a través de terceras personas” mediante una “falsa imagen de servicios de consultoría y representación”.
Moreno reaccionó ante el anuncio de la Fiscal y en un comunicado se deslindó de las acusaciones. “No tengo ni tuve ninguna responsabilidad en la contratación de obra”, cuyo proyecto, enfatizó, estuvo a cargo de las autoridades de la época, señaló.
El exgobernante aclaró que su única competencia mientras ejercía el cargo de vicepresidente de la República fue la ejecución del programa Manuela Espejo relacionado con programas de ayuda social a personas con discapacidad. Además, expresó sorpresa porque se excluya de la formulación de cargos a quienes sí tuvieron responsabilidad en las etapas de contratación de la central hidroeléctrica, considerada la “más emblemática” del gobierno de Rafael Correa, resaltó. No mencionó a nadie.
Institucionalidad
Moreno aseguró que, respetuoso de la institucionalidad el Estado, se defenderá “con apego a la verdad” en defensa de su reputación y la de su familia.
Las acciones ilícitas se habrían producido entre 2009 y 2018, cuando Moreno ocupaba el cargo de vicepresidente en el gobierno de Rafael Correa. La asistencia penal de países como Panamá, Belice, Suiza, Estados Unidos, China y España fueron determinantes porque “coadyuvan a demostrar fehacientemente la configuración del delito y sus alcances fuera del territorio nacional”, aseveró Salazar.
La titular de la Fiscalía del Estado solicitó al organismo judicial fijar la fecha y hora para la audiencia.