Desde una casa de seguridad secreta, avanza la revuelta indígena de Perú

En un corredor industrial de la capital de Perú, una escalera sucia conduce a una casa de seguridad en el segundo piso. Decenas de activistas quechuas y aymaras yacen sobre colchones esparcidos por el suelo, descansando para más manifestaciones antigubernamentales mientras los voluntarios preparan un desayuno con arroz, pasta y verduras donados.

Entre los ocupantes del refugio improvisado se encuentra Marcelo Fonseca. El hombre de 46 años vio cómo un amigo era asesinado a tiros en diciembre mientras luchaban contra las fuerzas de seguridad en la ciudad sureña de Juliaca. En cuestión de horas, Fonseca se unió a una caravana de manifestantes que llegó a la capital, Lima, para exigir la renuncia de la presidenta interina Dina Boluarte.

“Nuestra sangre andina arde cuando nos ponemos furiosos”, dijo Fonseca, cuyo idioma nativo es el quechua, en un español entrecortado. ”Corre más rápido. Eso es lo que nos trae aquí”.

Dos meses después de la insurrección enojada de Perú, las emociones se han endurecido. Si bien los disturbios apenas han perturbado la juerga nocturna en los enclaves costeros de Lima, los bloqueos de carreteras continúan en el campo, ahuyentando a los turistas extranjeros y provocando escasez de gasolina y otros productos básicos.

El tumulto, que ha dejado al menos 60 muertos, fue desencadenado por la destitución en diciembre del presidente Pedro Castillo. A peruanos como Fonseca, el campesino de izquierda

profesor era un símbolo de su propia exclusión, mientras que el ascenso al poder de Boluarte desde la vicepresidencia en connivencia con los enemigos conservadores de Castillo en el Congreso es visto como una traición de clase imperdonable.

El estancamiento ha dado una sacudida de confianza en sí mismo al movimiento indígena de Perú. A diferencia de la vecina Bolivia, donde los grupos indígenas se sintieron envalentonados por la elección del cocalero aymara Evo Morales como presidente en 2006, o Ecuador, donde los grupos étnicos tienen una larga tradición de derrocar gobiernos impopulares, los grupos indígenas de Perú han luchado durante mucho tiempo para ganar influencia política.

Aunque los peruanos de todos los orígenes se enorgullecen de la historia del Imperio Inca, la población indígena del país a menudo es tratada con negligencia e incluso con hostilidad. Poco se hace para promover el quechua, a pesar de que lo hablan millones y es un idioma oficial desde 1975. No fue sino hasta el censo de 2017 que se preguntó a los peruanos si se identificaban con alguno de los más de 50 grupos indígenas.

Tarcila Rivera, una destacada activista quechua y exasesora de las Naciones Unidas sobre asuntos indígenas, atribuye el desdén al racismo sistémico que se remonta a la conquista española.

“A pesar de los doscientos años desde la fundación de nuestra república, la realidad es que los que venimos de civilizaciones prehispánicas no hemos obtenido nuestros derechos, ni esos derechos son tomados en cuenta”, dijo Rivera.

La agitación actual también ha desatado un torrente de racismo. Un legislador del piso del Congreso menospreció la bandera de Wiphala con los colores del arcoíris, que representa a los nativos de los Andes, como poco más que un “mantel de chifa”, usando la palabra para un restaurante chino barato. Otro instó a las fuerzas de seguridad a enviar manifestantes a Bolivia con una gran “patada”.

Rivera dice que la represión ha radicalizado a los manifestantes más jóvenes. Mientras tanto, la difusión de los teléfonos inteligentes e Internet durante las últimas décadas de estabilidad económica ha hecho que los indígenas peruanos sean más conscientes de sus derechos, las enormes desigualdades del país y los sacrificios de héroes indígenas previamente desconocidos, cuyos logros contrastan con narrativas de victimismo perenne.

“Todo lo que se les ha enseñado a nuestros hijos es que somos perdedores, almas miserables que fueron conquistadas sin luchar”, dijo Rivera.

El movimiento de protesta actual se centra en el sur de los Andes, donde la identidad indígena es más fuerte. El área es la fuente de gran parte de la riqueza mineral de Perú y alberga joyas arqueológicas que atraían a más de 4 millones de turistas al año antes de la COVID.

Sus campesinos también se encuentran entre los más olvidados de Perú.

Esas desigualdades se exhibieron vívidamente este mes en un control de carretera cerca de Cusco, donde un grupo de campesinos se sentó en vigilia durante horas sobre un control de carretera de neumáticos, troncos de árboles y rocas. A medida que crecía la fila de vehículos varados, las tensiones aumentaron cuando los automovilistas se quejaron de que tenían emergencias familiares.

"¡No me grites cuando te hablo con modales!" ladró un automovilista que criticó a los manifestantes por votar por Castillo, quien vivía en una casa de adobe en uno de los distritos más pobres de Perú antes de ganar la presidencia. “No dejen que los políticos desvergonzados, que a menudo son de la misma comunidad, los engañen”, dijo repitiendo una narrativa falsa sostenida por las élites de que la victoria de Castillo fue el resultado de sobornos, fraudes y artimañas.

Finalmente, los manifestantes cedieron a la presión y abrieron brevemente la vía, luego de una arenga contra los “millonarios” e intereses poderosos a los que culparon de llevar a su comunidad a acciones desesperadas.

De vuelta en Lima, la casa de seguridad es un hervidero de actividad mientras espera otro día de manifestación. Los letreros escritos a mano enumeran las tareas diarias para mantener los espacios reducidos seguros y limpios. Se esperan decenas de activistas más de Cusco pronto y deben ser alojados en una de las pocas casas, apartamentos y negocios en la capital que han abierto sus puertas, como bases rebeldes clandestinas.

La discreción es imprescindible. Al igual que Fonseca, muchos de los manifestantes ya fueron detenidos cuando las fuerzas de seguridad lanzaron gases lacrimógenos el mes pasado en un campus universitario durante el desayuno y arrestaron a cientos por allanamiento. Como resultado, se alienta a los ocupantes a abandonar la casa de seguridad uno o dos a la vez, apagar las luces temprano e informar de inmediato cualquier intrusión policial a dos abogados de derechos humanos en espera permanente. Las ventanas están cubiertas con periódicos y bolsas de comida para perros para bloquear a los posibles fisgones.

Pero más que miedo, el ambiente es de esperanza.

“Pase lo que pase, me atrevo a decir que ya ganamos”, dijo Víctor Quiñones mientras se metía un fajo de hojas de coca en la mejilla.

A sus 60 años, Quiñones es uno de los veteranos del grupo. Él dice que las últimas semanas en la capital han fortalecido su determinación de seguir adelante y no aceptar más el statu quo, o los enfrentamientos inútiles con la policía en casa como la mejor manera de cambiarlo.

“Rompimos la barrera. Hemos comenzado nuestra larga marcha, y mira todo este apoyo que hemos obtenido en el camino”, reflexiona. “Hemos ganado porque, ahora, el mundo lo sabe”.