Abogado de Los Ángeles preso en Venezuela pide ayuda a Biden

Un abogado de Los Ángeles que se encuentra preso en Venezuela, solicita la ayuda del gobierno del presidente Joe Biden, diciendo en un mensaje grabado a escondidas desde una cárcel que se siente olvidado por el gobierno de Estados Unidos en momentos en que enfrenta cargos penales a manos de uno de los principales adversarios de su país.

Eyvin Hernandez, quien ha estado detenido durante cinco meses, describe en la grabación cómo le ha dedicado los últimos 15 años al servicio público como empleado de la defensoría pública del condado Los Ángeles, donde siempre buscó un trato justo para personas que a menudo no tenían un centavo.

“Nadie debería ser abandonado cuando más lo necesita y cuando está más vulnerable”, dijo Hernandez en la grabación de casi dos minutos, que la familia Hernández facilitó a The Associated Press. “Sin embargo, no creo que mi gobierno sienta lo mismo por mi”.

Con voz tranquila, Hernandez dijo que él y otros estadounidenses que están presos en Venezuela —al menos 10, incluidos cinco ejecutivos petroleros y tres exmilitares— sienten “que nuestro gobierno nos ha abandonado”.

Hernandez hizo su petición en momentos en que el gobierno de Biden enfrenta presiones para traer del regreso al país a los cerca de 50 estadounidenses que se cree que han sido encarcelados indebidamente por gobiernos hostiles en otras partes del mundo. Gran parte de la atención está puesta en Rusia, donde Estados Unidos tomó la inusual medida de proponer entregarle a un traficante de armas convicto a cambio de la estrella de la WNBA, Brittney Griner. Durante meses, las autoridades federales han buscado de manera discreta llegar a un acuerdo con el gobierno socialista de Nicolás Maduro en Venezuela, que retiene al mayor número de estadounidenses para supuestamente utilizarlos como piezas de negociación.

Henry Martinez dijo que su hermano le envió un mensaje de voz el 21 de agosto. Una copia del mensaje se le entregó al Departamento de Estado, que sopesa si turna el caso de Hernandez al enviado especial del gobierno para asuntos de rehenes, Roger Carstens.

En la grabación, Hernandez dijo que han pasado meses desde que él o algunos de sus compatriotas en la misma situación pisaron por última vez un tribunal y no tienen esperanzas de tener un juicio justo.

“Este lugar tiene como fin quebrarte psicológica y espiritualmente”, dijo en referencia a su reclusión en una cárcel de máxima seguridad en la que se encuentran muchos opositores de Maduro. “Todos somos inocentes, pero nos acusa y se nos trata como terroristas”.

Dijo que la incertidumbre, el aislamiento y las violaciones a los derechos humanos le están pasando la factura, y dos estadounidenses ya intentaron quitarse la vida, mientras que un tercero sufre colapsos mentales a diario.

“Si no nos sacan pronto, quizá ya no quede a quien salvar”, dijo.

La AP no logró verificar las aseveraciones de Hernandez. Sin embargo, funcionarios de Naciones Unidas han denunciado desde hace mucho tiempo la falta de independencia de los jueces y fiscales en Venezuela, y las condiciones en la prisión en la que se encuentran Hernandez y varios otros estadounidenses.

Un portavoz del Departamento de Estado se negó a comentar sobre el caso de Hernandez, citando restricciones de privacidad, pero señaló que la agencia revisa de manera continua las detenciones de los estadounidenses en el extranjero. También subrayó que el gobierno de Estados Unidos ha emitido advertencias de viaje para que los estadounidenses eviten ir a Venezuela debido al riesgo de ser detenidos de manera indebida y de amenazas de grupos armados ilegales, en especial en las fronteras del país.

Hernandez, que pasó su 44to cumpleaños en prisión, fue arrestado el 31 de marzo en la frontera entre Colombia y Venezuela. Su familia dice que viajó al lugar desde la ciudad de Medellín junto con una amiga venezolana que necesitaba que le sellaran su pasaporte para resolver un problema relacionado con su estatus migratorio en Colombia. La familia de Hernandez aseguró que él nunca tuvo la intención de ingresar en Venezuela y tenía programado su vuelo de regreso a Estados Unidos tres días después.

Pero al parecer ambos cayeron en manos de algún grupo delictivo.

Después de llegar en autobús a la ciudad de Cúcuta, tomaron un taxi para un viaje corto hasta el puente internacional Simón Bolívar, según le contó Hernandez a su familia. Un cuarto individuo se subió en el asiento delantero y supuestamente les ofreció sus servicios como guía para ayudarlos a sortear la confusión en la frontera, una zona llena de paracaidistas, grupos delictivos y un mar de gente que efectúa cruces ilegales en ambos sentidos.

Antes de que pudieran darse cuenta, el taxi se detuvo en un camino de tierra y se les ordenó que salieran del vehículo y caminaran hacia el otro lado de la frontera invisible que separa a ambos países.

Una vez que Hernandez se dio cuenta del error ya era demasiado tarde para dar la vuelta. Un hombre armado con un fusil le exigió que le diera 100 dólares, según la familia del abogado. Cuando dijo que no traía nada de efectivo le pusieron una capucha en la cabeza.

Cuando sus captores encontraron su pasaporte estadounidense, le dijeron que estaba en problemas y lo entregaron a las fuerzas de seguridad, que lo mantuvieron incomunicado durante semanas.

A la angustia de la familia de Hernandez se suma el hecho de que no está clasificado como alguien que fue detenido indebidamente, una definición que abarca a los estadounidenses a los que se les considera inocentes o que fueron encarcelados con el fin de obtener concesiones de Estados Unidos. Sin esa designación —un proceso que podría tardar meses— el gobierno estadounidense tiene capacidad limitada para pedir la liberación de esta persona.

Al menos tres de los otros 11 estadounidenses de los que se tiene conocimiento que están detenidos en Venezuela enfrentan una situación similar. Uno de ellos es Jerrel Kenemore, programador informático al que se detuvo una semana después de Hernandez, y dos exboinas verdes que participaron en la frustrada incursión marítima de 2020 con la intención de derrocar a Maduro.

Biden firmó el mes pasado una orden ejecutiva para proveer más información a las familias de estadounidenses presos en el extranjero y para imponer sentencias más severas a delincuentes, terroristas y funcionarios que los retengan.

El gobierno socialista de Maduro es un enérgico crítico de la política exterior de Estados Unidos. Sin embargo, en momentos en que el gobierno de Biden ha mostrado disposición para revisar una medida impuesta por su predecesor para imponer sanciones a Maduro y exigir un cambio de régimen, han mejorado las perspectivas de una posible excarcelación.

En marzo, el gobierno de Maduro dejó en libertad a dos estadounidenses después de una sorpresiva visita a Caracas por parte de altos funcionarios de la Casa Blanca y el Departamento de Estado, entre ellos Carstens, quien se reunió con Hernandez en junio durante un recorrido para revisar el estado de salud de los estadounidenses detenidos. Maduro también se ha comprometido a reanudar las negociaciones con sus opositores, lo que no ha hecho hasta el momento.