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Comienza juicio contra Chamorro

CRISTIANA CHAMORRO FUE TRASLADADA A LAS INSTALACIONES DE LA CÁRCEL POLICIAL “EL CHIPOTE”

Cristiana Chamorro, exdirectora de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro para la Reconciliación y la Democracia, e hija de una expresidenta, llega al Ministerio Público donde fue convocada a una reunión para explicar supuestas "inconsistencias" en informes financieros presentados ante el gobierno entre 2015 y 2019 en Managua, Nicaragua, el 21 de mayo de 2021. Foto: Esteban Felix/AP.

Cristiana Chamorro, exdirectora de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro para la Reconciliación y la Democracia, e hija de una expresidenta, llega al Ministerio Público donde fue convocada a una reunión para explicar supuestas "inconsistencias" en informes financieros presentados ante el gobierno entre 2015 y 2019 en Managua, Nicaragua, el 21 de mayo de 2021. Foto: Esteban Felix/AP.

La periodista y exaspirante presidencial Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta de Nicaragua, Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997), fue llevada el jueves a juicio en compañía de su hermano Pedro Joaquín y tres antiguos empleados de una ONG, para encarar acusaciones de supuesto lavado de dinero.

Cristiana Chamorro, de 68 años y que guarda arresto domiciliario desde el 2 de junio pasado, fue trasladada a las instalaciones de la cárcel policial “El Chipote”, al sureste de Managua, “bajo un exagerado despliegue de seguridad” que movilizó a policías y antimotines, indicó vía Twitter el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH).

Además de la periodista fueron llevados a juicio su hermano y exdiputado Pedro Joaquín Chamorro, de 70 años, y tres personas que fueron empleados de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH): el administrador Walter Gómez, el contador Marcos Fletes y el conductor Pedro Vásquez.

Todos están recluidos en “El Chipote” tras ser detenidos entre mayo y septiembre de 2021.

Los delitos imputados por la Fiscalía son lavado de dinero, bienes y activos; apropiación y retención indebida; gestión abusiva y falsedad ideológica.

El gobierno de Daniel Ortega argumenta que desde la FVBCH Cristiana Chamorro realizó “transacciones irregulares” con fondos de gobiernos y organismos internacionales.

La Fundación Chamorro, que cerró operaciones en enero de 2021, se dedicaba a promover cursos de capacitación para periodistas y financiar a medios de comunicación y proyectos de defensa de la libertad de expresión.

La familia Chamorro también es propietaria del diario “La Prensa”, que fue clausurado por el gobierno en agosto pasado y se mantiene todavía bajo ocupación policial.

Consultada por AP, la abogada Vilma Núñez, presidenta del CENIDH, calificó de “farsa” el proceso judicial contra los cinco exmiembros de la ONG, “al igual que todos los juicios realizados desde el 1 de febrero” contra unos 46 opositores encarcelados desde hace más de ocho meses.

“Y en cuanto a los delitos que se les imputan, son delitos inexistentes. Por lo tanto, el gobierno no podrá probar nunca estas absurdas acusaciones”, añadió.

Cristiana Chamorro era una de las aspirantes presidenciales favoritas para competir contra el presidente Ortega en las elecciones del pasado 7 de noviembre.

Como ella, otros seis precandidatos presidenciales fueron encarcelados durante la campaña electoral que concluyó con la tercera reelección consecutiva de Ortega.

Otro hermano de la opositora, el también periodista Carlos Fernando Chamorro, fue acusado por los mismos delitos dentro la causa contra la FVBCH, pero no pudieron arrestarlo porque se marchó al exilio.

Los tres hermanos han asumido una posición crítica frente a Ortega, en especial tras la represión del gobierno a las protestas sociales que estallaron en 2018.

Según el CENIDH, Ortega busca “manchar el legado de la expresidenta de Nicaragua, doña Violeta Barrios de Chamorro, enjuiciando injustamente” a sus hijos.

La exmandataria, de 92 años de edad, cuyo gobierno puso fin a diez años de cruenta guerra civil durante la revolución sandinista, convalece desde hace años en su residencia en Managua bajo cuidados médicos permanentes.

En paralelo, un juez local dictó condenas para los exaspirantes presidenciales Félix Madariaga y Juan Sebastián Chamorro, cada uno a 13 años de prisión, y nueve años para Arturo Cruz.

También hubo sentencias para las dirigentes opositoras Violeta Granera y Tamara Dávila —ocho años de cárcel a cada una— y para el líder empresarial José Adán Aguerri y el ex vicecanciller José Pallais, 13 años de prisión a cada uno, informó el CENIDH.