Oficial policial colombiano se declara culpable en Miami

Un capitán de la policía colombiana que dirigía una unidad que trabajó estrechamente con agentes antinarcóticos estadounidenses se ha declarado culpable del cargo de haber intentado traicionar a la DEA con los mismos narcotraficantes a los que combatían juntos.

Juan Pablo Mosquera cambió el miércoles su acuerdo con la fiscalía en una corte federal de Miami justo cuando estaba por irse a juicio por dos cargos de obstrucción de la justicia.

El arresto de Mosquera en 2018 y su posterior extradición a Estados Unidos constituyó otro hecho bochornoso en el extranjero para la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), que durante años ha tenido problemas con agentes corruptos y fugas mortales de información entre unidades policiales de otros países a las que da apoyo y entrenamiento.

Mosquera estuvo asignado a una unidad sometida a fuertes controles y supervisada por el programa de “Unidades de Investigación Sensible” (SIU, por sus siglas en inglés) de la DEA, su estándar más confiable de operación para sus asociaciones en el extranjero.

Mosquera fue acusado de intentar vender información sobre lo que creyó sería una acusación inminente de narcotráfico contra un estadounidense que había abandonado la libertad condicional décadas antes.

De acuerdo con evidencia de tres páginas que acompañó el acuerdo de Mosquera con la fiscalía, un pariente del policía de 37 años lo puso en contacto con Juan Carlos Dávila Bonilla, un colombiano que había sido declarado culpable en dos ocasiones de distribuir cocaína en Alemania e Italia.

Ambos se reunieron cerca de la ciudad colombiana de Cali en 2018 y Mosquera le mostró a Dávila Bonilla mensajes de texto y le compartió información sobre una pesquisa de la DEA acerca de un estadounidense, identificado en documentos judiciales sólo con sus iniciales P.L., quien enfrentaba una orden de arresto por darse a la fuga en Arkansas en la década de 1990.

Cuando los agentes de la DEA se enteraron de que Mosquera y Dávila Bonilla intentaban vender información sobre la pesquisa viajaron a Cali para reunirse con Mosquera y le dijeron falsamente que eran inminentes una acusación formal y una orden de extradición contra P.L. en Miami.

“Poco después de conocer esta información, Mosquera le avisó a Dávila Bonilla que P.L. estaba ‘caliente’”, dijo el expolicía en su escrito de evidencias.

Menos de una semana después, Dávila Bonilla fue grabado cuando llamaba a alguien que él creía era un narcotraficante socio de P.L., pero que en realidad era una fuente confidencial de la DEA, a quien le dijo que la solicitud de extradición de Miami era inminente y que el estadounidense debería irse de Colombia.

P.L. jamás fue mencionado en ninguna acusación formal de narcotráfico en Miami, según el escrito de Mosquera, aunque su antecedente de abandonar la libertad condicional al parecer coincidía con el expediente penal de Patrick Liljebeck. Otro hombre, Kylan Patrick Liljebeck, fue arrestado meses antes por su presunta vinculación con el decomiso efectuado por la unidad de Mosquera de 49 kilogramos de cocaína en un velero colombiano. Poco después del arresto de Mosquera fueron presentadas imputaciones contra Kylan Patrick Liljebeck y otros dos individuos en Miami. Se desconoce el paradero de P.L.

Como parte del acuerdo con la fiscalía firmado con Dávila Bonilla, los fiscales parecen haber fusionado a los dos Liljebeck, un aparente error que posiblemente será planteado cuando Mosquera sea sentenciado en enero. Mosquera, en su escrito —que no fue firmado por los fiscales_, dijo no haber facilitado ninguna información sobre las identidades de las fuentes confidenciales de la DEA.

Antes de su arresto, Mosquera había ascendido constantemente en las filas de la policía nacional de Colombia, ganándose los elogios de sus superiores en su trayectoria para convertirse en el jefe de una unidad en Cali que trabajaba estrechamente con agentes estadounidenses.

La DEA declinó hacer declaraciones sobre el caso.

El programa de unidades bajo alta supervisión de la DEA fue establecido para efectuar investigaciones en países extranjeros productores de droga, pero en los que los agentes estadounidenses son huéspedes y enfrentan más restricciones. Estas unidades han efectuado algunos de los decomisos más grandes del mundo y arrestado a centenares de jefes del narcotráfico. Desde que comenzó a finales de la década de 1990, el programa se ha ampliado a más de 20 países, entre ellos Tailandia y Kenia.

Sin embargo, el inspector general de Estados Unidos criticó en un severo informe este verano a la dirección de la DEA en Washington por no supervisar adecuadamente a sus socios policiales extranjeros incluso después de una cadena de escándalos que acapararon titulares de prensa.

Entre ellos estuvo el caso de un exagente de la DEA que trabajó con las unidades altamente supervisadas en Colombia y se declaró culpable el año pasado de 19 cargos de confabularse para lavar millones de dólares de cuentas controladas por la DEA y gastar sus ganancias en vehículos de lujo y joyería Tiffany. El inspector general también halló que dos miembros de la SIU acompañaron a agentes de la DEA a “fiestas sexuales” organizadas por algún cártel con prostitutas, escándalo por el que la titular de la DEA, Michele Leonhart, se vio obligada a renunciar en 2015.