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Corte Suprema de EEUU reactiva política migratoria de Trump "Quédate en México"

La administración de Biden actuó rápidamente para comenzar a desmantelar y poner fin a la controvertida política, oficialmente denominada Protocolos de Protección al Migrante (MPP)

Fuente externa

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La Corte Suprema de Estados Unidos ordenó el martes la reactivación de una política migratoria que obligaba a los solicitantes de asilo a esperar en México su cita ante los tribunales, lo que supone un fuerte revés para el presidente demócrata Joe Biden.

Impulsado por el expresidente Donald Trump, el programa "Quédate en México" permitió que decenas de miles de solicitantes de asilo, en su mayoría de Centroamérica, fueran enviados de regreso a la frontera con México a la espera del resultado de sus trámites de ingreso.

La administración de Biden actuó rápidamente para comenzar a desmantelar y poner fin a la controvertida política, oficialmente denominada Protocolos de Protección al Migrante (MPP).

Tras pasar por varias instancias judiciales, el gobierno de Biden solicitó a la Corte Suprema la suspensión de la reinstalación del programa.

En una breve orden sin firmar, el máximo tribunal indicó el martes que "la solicitud de suspensión... está denegada".

Según el documento, los tres jueces progresistas de la corte, Stephen Breyer, Sonia Sotomayor y Elena Kagan, dijeron que habrían permitido la suspensión de esa norma.

El caso ahora puede trasladarse a un nivel judicial inferior en un tribunal de apelaciones.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Biden dijo que "lamenta que la Corte Suprema se haya negado a conceder una suspensión".

Agregó que "mientras continúa el proceso de apelación, sin embargo, el DHS cumplirá con la orden de buena fe".

Grupos de protección de los derechos de los inmigrantes también desaprobaron la orden de la Corte Suprema.

El fallo del máximo tribunal que obliga al restablecimiento de la política 'Quédate en México' "es como mínimo cruel", dijo Yael Schacher, asesor jurídico para Estados Unidos de la organización Refugees International. "La administración Biden no debería ver esta decisión como una orden".