Policía es acusado de asesinar a un menor durante protestas en Colombia
Colombia es sacudida por las más sangrientas protestas que haya vivido gobierno alguno tras la firma de la paz con la guerrilla de las FARC en 2016
Un patrullero de la policía de Colombia fue acusado de asesinar a un joven de 17 años de un tiro en la cabeza durante las masivas protestas contra el gobierno, informó este jueves la fiscalía.
La comunidad internacional ha denunciado los graves excesos cometidos por la fuerza pública en manifestaciones y disturbios que en más de dos semanas dejan al menos 42 muertos y más de 1.500 heridos, según cifras oficiales.
De acuerdo a la versión de la Fiscalía, Luis Ángel Piedrahita recibió "una patada por parte del adolescente" y reaccionó disparando "con su arma de dotación en dos ocasiones".
"Aprovechando su superioridad y la situación de inferioridad desciende de la motocicleta y estando de pie apunta en línea y dispara contra la humanidad del adolescente impactándole la región occipital y causándole la muerte", relató el fiscal encargado del caso durante la audiencia.
Al uniformado le imputaron el delito de homicidio agravado, pero no aceptó los cargos.
Un juez deberá decidir sobre la responsabilidad de Piedrahita en la muerte del joven en Cali (suroeste) el 28 de abril, cuando empezaron las movilizaciones en rechazo a una iniciativa de reforma tributaria ya archivada.
El policía "no estuvo amparado por ninguna causal de justificación (...) No está cobijado por una legítima defensa", añadió el fiscal.
Colombia es sacudida por las más sangrientas protestas que haya vivido gobierno alguno tras la firma de la paz con la guerrilla de las FARC en 2016.
Como en las movilizaciones de 2019 y 2020 contra el presidente Iván Duque, la actuación de la policía se encuentra bajo el fuego de la crítica por el uso desproporcionado de la fuerza contra los manifestantes.
Según la Defensoría de Pueblo, que vela por los derechos humanos, solo uno de los fallecidos es miembro de la fuerza pública.
En Colombia el homicidio se castiga con penas de entre 13 y 25 años de prisión.