Un fiscal de Florida dice que ley "antiprotestas" no ayuda a la policía
El fiscal estatal dijo que, de convertirse en ley, criminalizaría las protestas pacíficas basadas en el comportamiento ilegal de "unos pocos" y provocaría arrestos masivos.
Foto de archivo.
Un fiscal de Florida señaló este miércoles que el polémico proyecto de ley contra las "protestas violentas" en el estado no sirve a fiscales ni a los departamentos de Policía para manejar los disturbios y, por el contrario, infringe los derechos a las manifestaciones pacíficas y la libertad de expresión.
Andrew Warren, fiscal estatal del condado de Hillsborough, en el centro de Florida, urgió hoy a los legisladores a no aprobar dicha iniciativa que avanza el Congreso de Florida, de mayoría republicana, que ha contado con el apoyo del gobernador Ron DeSantis.
"Este proyecto de ley no le da a la policía ni a los fiscales ninguna herramienta nueva importante para manejar los disturbios", asegura en una misiva enviada al Congreso de Florida.
Agrega que la iniciativa, considerada por grupos civiles como una ley "antiprotestas", es además inconstitucional.
El republicano DeSantis anunció la medida en 2020 tras las manifestaciones nacionales de la minoría afroamericana, especialmente el grupo liberal Black Lives Matters (BLM, Las vidas de negros importan), tras la muerte del afroamericano George Floyd a manos de un policía blanco.
El fiscal estatal dijo que, de convertirse en ley, criminalizaría las protestas pacíficas basadas en el comportamiento ilegal de "unos pocos" y provocaría arrestos masivos.
Criticó que no ayuda a la policía ni a los fiscales a identificar un "pequeño número de malos actores" en medio de manifestaciones pacíficas.
Los detractores del proyecto, el HB1 de la Cámara baja y su par en el Senado, el SB484, critican que se trata de una medida de DeSantis "en respuesta" a las masivas protestas nacionales de BLM de 2020.
Consideran además que la medida iba a fomentar aún más la discriminación de minorías que estarían sometidas a las autoridades y a su discreción a la hora de calificar una protesta como un movimiento pacífico o disturbios.
En caso de ser aprobada en ambas cámaras, la medida entraría en vigor el 1 de julio.