El virus trastoca la campaña de un joven candidato latino

El estado tiene un millón de habitantes latinos, pero dos tercios -la segunda tasa más alta del país no pueden votar porque son menores de 18 años o no tienen la ciudadanía.

Ricky Hurtado, candidato demócrata a la Cámara de Representantes estatal de Carolina del Norte, a la derecha, habla con voluntarios antes de salir a contactar con votantes en Mebane, Carolina del Norte, el domingo 8 de marzo de 2020. (AP Foto/Jacquelyn Martin)

Ricky Hurtado, candidato demócrata a la Cámara de Representantes estatal de Carolina del Norte, a la derecha, habla con voluntarios antes de salir a contactar con votantes en Mebane, Carolina del Norte, el domingo 8 de marzo de 2020. (AP Foto/Jacquelyn Martin)

Como muchos estadounidenses, Ricky Hurtado tenía planes para este verano.

En marzo lanzó oficialmente su primera candidatura a un cargo público, y esperaba pasar los calurosos días del verano llamando a puertas, sosteniendo brillantes folletos de campaña y defendiendo sus propuestas ante los votantes. Iba a demostrar que el hijo de 31 años de inmigrantes salvadoreños podía dar voz a los latinos, incluso en Carolina del Norte, incluso en una parte del Estados Unidos fiel a Donald Trump.

Pero esta es una historia sobre esperas, y sobre los rodeos en el camino al poder.

El coronavirus trastocó la campaña demócrata a la cámara estatal. Hurtado dejó de visitar casas. Lo más cerca que estaba de sus posibles votantes eran los dos metros (seis pies) o más que dejaba cuando colaboraba como voluntario en bancos de comida o puestos para hacer pruebas diagnósticas. Y aún así, se contagió del virus.

En todo Estados Unidos, el brote de coronavirus está complicando el difícil ascenso de los latinos en política. La enfermedad ha infectado de forma desproporcionada a los latinos e impedido que algunos votantes se registren para las elecciones presidenciales de noviembre. En Carolina del Norte, apenas se han sumado 5.000 latinos al censo electoral desde mediados de marzo, menos de la mitad de los que se incluyeron en el mismo periodo hace cuatro años.

El estado tiene un millón de habitantes latinos, pero dos tercios -la segunda tasa más alta del país no pueden votar porque son menores de 18 años o no tienen la ciudadanía.

En el condado de Alamance, entre las viviendas unifamiliares y los densos bosques que cubren de Raleigh a Greensboro, hay tres latinos que no pueden votar por cada uno que puede.

Durante décadas, esas cifras suponían que el aumento de la población latina en el estado no iba acompañado de poder político.

Ahora, los hijos de los inmigrantes alcanzan la mayoría de edad.

“En realidad todo depende de mí”, comentó John Paul Garcia, de 20 años y el único que puede votar en su familia de seis miembros. “Soy la voz de mi hermana, la voz de mi hermano, la voz de mis padres”.

Trump ganó en Carolina del Norte por menos de 4 puntos porcentuales. El predecesor demócrata de Hurtado perdió el puesto en la cámara de representantes del estado por 298 votos en 2018.

Hurtado sabe que sería más fácil centrarse en los votantes blancos, que siguen siendo mayoría en el distrito. Pero quiere que su campaña se base en algo más que simplemente ganar el escaño, cambiar la mayoría de la cámara o incluso poner a un demócrata en la Casa Blanca.

“Se trata de implicar a la gente”, dijo esta primavera, cuando se dirigía a uno de los muchos parques de casas rodantes del estado para hacer campaña puerta a puerta.

Sería la última vez que Hurtado llamaba a las puertas de posibles votantes antes de la pandemia.

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Los padres de Hurtado llegaron a Estados Unidos en el maletero de un auto.

Los dos huían de la guerra civil en El Salvador en 1980 y entraron por carretera a través de la frontera mexicana y hasta California. Hurtado nació en Los Ángeles, pero la familia se mudó a Carolina del Norte cuando tenía siete años, confiando en que un aire más limpio fuera mejor para su asma.

Hurtado era consciente de que se le consideraba diferente.

“No somos de aquí, ni de allá”, es como describe su sensación de alienación.

Hurtado se graduó en la Universidad de North Carolina-Chapel Hill y siguió con un posgrado en política pública en la Universidad de Princeton. Se sintió llamado a volver al sur cuando el entonces gobernador de su estado de adopción, el republicano Pat McCrory, se opuso a recibir a más de los miles de niños no acompañados que estaban cruzando la frontera para huir de la violencia en Centroamérica.

“Pensé, ‘Esa no es la Carolina del Norte que conozco’”, dijo Hurtado.

Se metió de lleno en el activismo local, donde conoció a Yazmin Garcia. Después de casarse, Hurtado y Garcia se instalaron en el condado de Alamance. Ahora, Hurtado tiene una forma diferente de describir su procedencia: “Soy de aquí y de allá”.

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Encontrar votantes latinos siempre iba a ser difícil. El temor a los agentes de inmigración es omnipresente. Eso se debe en parte al jefe de policía del condado de Alamance, Terry Johnson, un republicano elegido por primera vez en 2002, cuando hizo una campaña con anuncios de televisión advirtiendo de “aliens” (un término que en inglés puede referirse tanto a extranjeros como a extraterrestres) en el condado, con la música de la vieja serie de televisión “The Twilight Zone”.

Johnson y Joe Arpaio, de Arizona, fueron los únicos jefes de policía del país demandados por el Departamento de Justicia durante la presidencia de Obama por violaciones de los derechos civiles contra los latinos.

Un juez federal desestimó el caso. Johnson cree que el gobierno sólo “quería un jefe de policía sureño para marcar un precedente”, según dijo en una entrevista.

Johnson sigue siendo una figura amenazadora para algunos latinos, mientras que otros le apoyan. Como en el resto de Estados Unidos, hay diversidad de corrientes políticas en la comunidad latina local.

Omar Lugo, de 42 años, culpa a los activistas progresistas, y no a Johnson, por avivar el temor de los latinos. “Acusar al jefe de policía de ser racista, eso no nos lleva a ninguna parte”, dijo Lugo.

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Cuando Aranza Sosa, de 22 años, fue a la plaza de Graham con carteles de Black Lives Matter a principios de junio, los agentes de Johnson la echaron. En las semanas desde que comenzaron las protestas contra el racismo en la justicia y la policía, los agentes han vigilado la plaza y un monumento a los soldados confederados caídos.

Sosa se sintió disgustada por la presencia de los agentes. Se enteró de la campaña de Hurtado y le llamó entre lágrimas.

Sosa ha llorado mucho últimamente. Su tío murió de COVID-19 a finales de mayo. Algunos días tiene tanta ansiedad de pensar en contagiarse que no puede ir a su trabajo en una residencia de ancianos. La mayoría de los días va. Necesita el dinero.

“Mi trabajo, tengo suerte de tenerlo, pero en estas circunstancias supera a mucha gente”, dijo. “En este momento, me siento como si para el gobierno yo fuera prescindible”.

El 59% de los latinos encuestados por el Pew Hispanic Center dijo que ellos o alguien en su hogar había perdido ingresos o el empleo por la pandemia, muy por encima del 43% de adultos estadounidenses en general que dijeron lo mismo.

En el condado de Alamance, donde los latinos son el 13% de la población, suponen el 62% de los 2.500 casos de COVID-19.

Hurtado y su esposa saben el impacto que puede causar la enfermedad. A mediados de junio enfermaron, aunque sus síntomas fueron relativamente leves, y se recuperaron a principios de julio.

Pero ahora su hogar sufre otra decepción.

Después de varios años, Garcia estaba completando el largo proceso para convertirse en ciudadana estadounidense. Uno de los últimos pasos, una entrevista en persona, fue pospuesto a en marzo por la pandemia.

Los servicios de inmigración no han fijado una nueva fecha, de modo que Garcia es una de las 315.000 personas que probablemente no consiga obtener su ciudadanía antes de las elecciones.

Garcia podría no poder votar a su marido.