Nada en la Constitución le otorga al presidente Donald Trump el poder de retrasar las elecciones de noviembre, y hasta sus colegas republicanos desestimaron esa posibilidad sin pensarlo dos veces cuando la mencionó el 30 de julio. Pero ese no era el objetivo. Ante una inminente posible derrota, el objetivo era decirles a los estadounidenses que no deberían confiar en su propia democracia.

La idea de posponer el voto fue la culminación de meses de desacreditar unas elecciones que, según las encuestas, Trump está perdiendo por un amplio margen. En repetidas ocasiones, ha predicho “ELECCIONES FRAUDULENTAS” y un voto “sustancialmente fraudulento” y “la elección más corrupta en la historia de nuestro país”, todo basado en afirmaciones falsas, infundadas o exageradas.

Este tipo de lenguaje se asemeja al de los teóricos de la conspiración, los chiflados y los candidatos derrotados, no al de un actual residente de la Casa Blanca. Nunca antes un presidente estadounidense en funciones había tratado de socavar la fe pública en el sistema electoral como lo ha hecho Trump. Se ha negado a comprometerse a respetar los resultados electorales y, el 30 de julio por la noche, incluso después de que sus aliados republicanos destrozaron su sondeo del retraso electoral, planteó la posibilidad de meses de demandas para impugnar los resultados.