Trump y el “silver bullet” contra Twitter y Facebook

Las redes sociales no son perfectas. Tampoco imperfectas. O son lo uno o lo otro según las usamos, nos mostramos y las consumimos. En definitiva, son un reflejo de nuestros aciertos y errores, de nuestras buenas o malas intenciones.

Los algoritmos y editores de las plataformas como Twitter, Facebook, YouTube, Instagram o TikTok a veces censuran lo que es bueno e inofensivo y permiten lo malo y delictivo. Repito, no son perfectas. Se equivocan, como nosotros, y también piden perdón, como Mark Zuckerberg de Facebook y Jack Dorsey de Twitter, tras la oleada de noticias falsas, la intromisión en nuestros datos privados e intimidad.

Pese a lo bueno y malo, las redes sociales han empoderado, como nunca en la historia, a que cualquier persona del mundo tenga una voz, algo que opinar, reaccionar o compartir. Sirven para convocar causas, empoderar a los marginados, decir verdades que duelen y molestan y también para mentir, manipular y engañar. Repito, son perfectas e imperfectas, como nosotros, los humanos. Pero sin ellas ya no nos imaginamos el mundo. Sin ellas sería como vivir en una pandemia o cuarentena perpetua.

¿Tienen responsabilidad legal por sus contenidos?, ¿es decir por nuestros contenidos que distribuimos en sus plataformas? Las plataformas argumentan que no porque no son fabricadores de contenido como los medios de comunicación que sí son legalmente responsables por lo que publican. Las plataformas siempre se han defendido de que no crean contenidos, sino que son simples distribuidores. Hasta acá es un argumento razonable y amparado por ley, al menos en EE.UU. y hasta hace unos días, cuando el intempestivo presidente Donad Trump, enojado personalmente con Twitter, decidió firmar un decreto que le quita la inmunidad legal y hace a las plataformas responsables por su contenido. (Todavía es temprano para saber si el decreto tendrá dientes, le será difícil, porque posiblemente habrá peleas ante los tribunales y será de larga data o la Comisión Federal de Comunicaciones, la que en definitiva tiene que validar la nueva regla, no lo hará simplemente para congraciarse con Trump. La CFC es autónoma, independiente y sus vaivenes son más técnicos que políticos).

Pero también existe el otro argumento. Desde que las plataformas usan algoritmos y editores para eliminar contenidos o limitar contenidos o editarlos o hacer algunas advertencias, como sucedió con los tuits de Trump, se están convirtiendo en editores, un rol ya no de simples distribuidores de contenidos, sino casi parecido al de los medios de comunicación. Y por esa rendija, puede que entre el tema de la responsabilidad ante la ley.

Digo puede porque todavía no me convence este argumento. Las redes sociales son vastas y tienen que hacer maravillas día a día para evitar propagar noticias falsas y hechos delictivos, como el discurso de odio o la apología de la violencia. Desde hace años se les está exigiendo editar contenidos.

En fin, estos argumentos y todos los grises entremedios no son de fácil solución o tal vez no haya un “silver bullet” o una solución simple para un problema tan complejo. Requiere una discusión de alto octanaje que involucre a toda la sociedad civil, entre ellos las plataformas, los ciudadanos, los medios, los legisladores, jueces y políticos. No puede haber una medida unilateral, esta es una discusión sobre nuestras libertades como individuos y como sociedad.

Lo que no es bueno es que salga un presidente como Trump, o cualquier otro, ya sea Putin, Bolsonaro, Fernández o López Obrador y abusen de su privilegio para dictar decretos en contra de la libertad de expresión para acomodarlos a la horma de sus zapatos.

El debate debe ser más elevado, sin los enojos ni la ideología que le suelen imponer los políticos a todas las cosas como si estuviéramos en un proceso electoral y polarizado continuo.