Aumenta la deforestación en la Amazonía a medida que la pandemia obstaculiza su protección

Desde que asumió el poder, el presidente Jair Bolsonaro de Brasil ha permitido una mayor devastación de la selva amazónica.

Y ahora, gracias al coronavirus, esa destrucción se ha acelerado aún más.

Madereros, mineros y acaparadores de tierra ilegales han despejado impunemente extensas zonas de la Amazonía en los últimos meses, debido a que los esfuerzos por hacer cumplir la ley han sido obstaculizados por la pandemia.

Esas áreas recientemente despejadas casi con toda seguridad darán paso a una oleada de incendios incluso más devastadores y extensos que los que generaron indignación mundial el año pasado. A las parcelas recién despejadas típicamente se les prende fuego durante los meses más secos, entre agosto y octubre, a fin de preparar la tierra para el pastoreo de ganado, lo que tiende a salirse de control y convertirse en incendios forestales.

“La línea de tendencia se está incrementando con gran rapidez en comparación con un año que ya era histórico en términos del aumento de la deforestación”, afirmó Ana Carolina Haliuc Bragança, fiscal federal que lidera un equipo de trabajo que investiga delitos ambientales en la Amazonía. “Si los organismos del Estado no toman medidas contundentes, es muy posible que estemos frente a una gran tragedia”.

Las consecuencias de la pandemia han agravado el deterioro ecológico puesto en marcha por las políticas gubernamentales de Bolsonaro, quien es partidario de expandir el desarrollo comercial en la Amazonía y ve las regulaciones ambientales como obstáculos para el crecimiento económico. Sin embargo, algunos funcionarios públicos siguen trabajando para hacer cumplir las protecciones ambientales.

Alrededor de 1200 kilómetros cuadrados de cubierta forestal de la Amazonía fueron arrasados desde enero hasta abril, un incremento del 55 por ciento con respecto al mismo periodo el año pasado y un área de casi 20 veces el tamaño de Manhattan, de acuerdo con el Instituto Nacional de Investigación Espacial de Brasil, un organismo gubernamental que rastrea la deforestación a través de imágenes satelitales.

Ya el año pasado, la deforestación en la Amazonía había alcanzado niveles que no se habían visto desde 2008.

Al mismo tiempo, el coronavirus ha causado la muerte de más de 34.000 personas en Brasil, país que está registrando en la actualidad el número diario de fallecidos más alto del mundo. También ha alimentado la polarización política y dominado los titulares y debates sobre políticas en los últimos meses, lo que ha eclipsado la atención hacia el incremento del daño a la selva.

El ministro del Medioambiente Ricardo Salles, quien apoya la flexibilización de las regulaciones ambientales de Bolsonaro, afirmó a finales de abril que veía a la pandemia como una oportunidad para reducir las restricciones mientras la atención estaba enfocada en otro lado.

“Necesitamos hacer un esfuerzo en este momento de calma en términos de cobertura periodística, ya que las personas solo están hablando del COVID-19”, afirmó durante una reunión del Consejo de Ministros el 22 de abril.

Un video de esa reunión se hizo público.

Los comentarios, los cuales Salles luego dijo se referían a sus esfuerzos para agilizar los procesos burocráticos, motivaron a los fiscales federales a pedir una investigación sobre lo que ellos afirman constituye una negligencia en el cumplimiento del deber.

La asociación que representa a los trabajadores ambientales del gobierno emitió un comunicado acusando a Salles de ser un “criminal” que ha estado “hundiendo” a su propio ministerio.

Las acciones del principal organismo de protección ambiental, el Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (IBAMA) para velar por el cumplimiento de la ley, se redujeron drásticamente durante 2019, el primer año de la presidencia de Bolsonaro, de acuerdo con un documento del instituto obtenido por The New York Times.

En 2019, el IBAMA reportó 128 casos de delitos ambientales, una disminución del 55 por ciento con respecto al año anterior. La cantidad de madera talada ilegalmente incautada por el organismo disminuyó en casi el 64 por ciento de 2018 a 2019, según el documento.

Funcionarios gubernamentales y activistas ambientales afirman que el aumento en la deforestación está motivado por la sensación imperante entre los mineros y madereros ilegales de que devastar la selva tiene un riesgo mínimo de castigo, y produce una gran recompensa.

El gobierno de Bolsonaro despidió a tres altos funcionarios del IBAMA en abril, luego de que el organismo realizara una enorme operación contra los mineros ilegales en el estado de Pará, al norte del país.

En mayo, un oficial de seguridad uniformado fue rodeado por madereros ilegales en Pará después de que un camión con madera fuera interceptado. Un video del incidente mostró que luego de que una pequeña turba acosara al agente, uno de los taladores lo golpeó en el rostro con una botella de vidrio.

Días después, en mayo, el gobierno transfirió la supervisión de las reservas naturales federales del Ministerio del Medio Ambiente al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento, allanando el camino para el desarrollo comercial de las áreas protegidas.

El gobierno también está promoviendo iniciativas legislativas que le otorgarían títulos de propiedad de tierras a los ocupantes ilegales que han invadido tramos de la Amazonía y otros biomas.

Cerca del 50 por ciento de la cubierta forestal perdida durante los primeros cuatros meses de este año fue en tierras públicas, de acuerdo con el Instituto de Investigación Ambiental de la Amazonía (IPAM). Ane Alencar, directora científica del instituto, afirmó que gran parte de la destrucción es realizada por personas que al final esperan ser reconocidas como legítimas propietarias de la tierra.

“Veo que el oportunismo alimenta la ilegalidad cuando las personas se aprovechan de la fragilidad del momento que estamos viviendo, a nivel político y económico”, dijo. “Esta crisis del coronavirus se está convirtiendo también en una crisis ambiental”.

Eduardo Taveira, secretario ambiental del estado de Amazonas, afirmó que los taladores ilegales, quienes usualmente hacen lo posible para evitar ser multados y que sus equipos sean destruidos por agentes federales, están operando más abiertamente que en años pasados.

“Hay una sensación de que el gobierno solo está enfocado en combatir el coronavirus, por lo que este tipo de actividad ilegal se está realizando más osadamente que en los últimos años”, dijo.

Por temor a una nueva oleada de condenas internacionales, el gobierno de Bolsonaro desplegó en mayo a unos cuantos miles de soldados en la Amazonía y les dio la tarea de prevenir delitos ambientales durante 30 días.

“No queremos que Brasil sea percibido frente al resto del mundo como un villano del medioambiente”, afirmó el vicepresidente Hamilton Mourão durante el lanzamiento de esa iniciativa.

A través de un comunicado enviado por correo electrónico, el Ministerio de Defensa afirmó que había destinado 3800 militares, 11 aeronaves, 11 barcos y 180 vehículos para apoyar la misión. La operación, decía el correo, “demuestra claramente la firme determinación de Brasil por preservar y defender la Amazonía”.

Los activistas ambientales afirman que cualquier incremento en la protección es bien recibido, pero la mayoría percibe la operación militar como una estrategia de relaciones públicas que no modificará la trayectoria de la deforestación ni propiciará el castigo de las personas claves que están fomentando la destrucción.