Querellan a la Policía en Chile por una mujer que quedó ciega en protestas

El Instituto Nacional de derechos Humanos (INDH) de Chile informó que presentó una querella por homicidio frustrado contra el cuerpo policial de Carabineros por el lanzamiento de una bomba de gas lacrimógeno a una mujer que acabó por provocarle ceguera total.

Se trata de la segunda persona que pierde por completo la visión por el accionar policial durante la crisis social chilena, después de que este martes el joven Gustavo Gatica quedase finalmente ciego a causa de los disparos de perdigones que recibió en el rostro durante una manifestación.

La mujer, Fabiola Campillai, 36 años, recibió el impacto de la bomba de gas lacrimógeno este martes cuando esperaba el autobús para dirigirse al turno de noche de su trabajo, en Santiago de Chile, de acuerdo a lo denunciado por su hermana y su esposo y según recoge un comunicado del INDH.

Campillai perdió de inmediato el ojo izquierdo y fue intervenida en quirúrgicamente para salvar la visión de su ojo derecho, lo que no fue posible y en horas de esta tarde se informó de que el glóbulo ocular fue destrozado por dentro.

De acuerdo a los médicos que la atendieron, la lacrimógena le astilló huesos del frontal, nariz y órbita.

El director del INDH, Sergio Micco, condenó la acción policial y manifestó que no es posible que en menos de un mes haya dos personas que han perdido la visión completa por la violenta acción de la policía, que no se condice con los protocolos que deben seguir.

Según el INDH, el caso de Campillai viene a corroborar lo advertido desde un principio por Micco en cuanto a que "todo procedimiento policial tiene que ser con absoluto apego, respeto y protección a los derechos humanos".

"Sin embargo, ello no está ocurriendo y cada vez hay más víctimas de la violencia policial", aseguró Micco, según recoge el comunicado del INDH.

Lo que empezó siendo un llamamiento de los estudiantes chilenos a colarse en el metro de Santiago para protestar contra el aumento de la tarifa se convirtió en una revuelta social sin parangón en las últimas tres décadas, que clama por un modelo económico más justo y que ya se ha cobrado la vida de 23 personas, seis de ellos presuntamente a manos de agentes del Estado.

La Fiscalía, que ha abierto 2.670 investigaciones penales contra las fuerzas de seguridad por presuntas violaciones a los derechos humanos, entre las que se encuentran lesiones por armas de fuego, torturas, violencia sexual y la comisión de graves lesiones por el empleo de escopetas de perdigones y balines de goma, que entre otras cosas han provocado lesiones oculares a más de 230 personas.