Chile impulsa diálogos ciudadanos tras estallido social

El gobierno del presidente Sebastián Piñera impulsará diálogos ciudadanos para canalizar y conducir las variadas demandas de millones de chilenos que no han cesado de protestar a pesar de un cambio de gabinete y leves mejoras sociales.

“Queremos llamar a un diálogo nacional... para poder ir encauzando las protestas y transformarlas en propuestas concretas para ir priorizando una agenda social distinta”, dijo el martes el ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel.

Sichel explicó que quieren convocar a diálogos en las 345 comunas chilenas para “guiar esto a una conversación, en una catarsis que permita construir un buen diagnóstico, pero también una construcción de una agenda social”.

Sobre la posibilidad de que se hable también de una asamblea constituyente para reemplazar a la constitución instaurada en 1980 por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), indicó que “podrían llegar a lo que quieran los ciudadanos... no hay barreras si es un diálogo conducido, con objetivo”.

El ministro habló horas después de que una turba de encapuchados levantó barricadas y saqueó algunos locales en desórdenes que derivaron en el incendio de un centro comercial mientras miles de santiaguinos se manifestaban en una cercana plaza que el pasado viernes fue colmada por 1,2 millón de personas.

La vocera de gobierno, Carla Rubilar, responsabilizó de la violencia a “grupos pequeños, concertados” y afirmó que “no es la gente que quiere justicia”.

Piñera apostó la víspera por el cambio de ocho ministros, incluidos los más importantes como el del Interior -responsable del orden público- y el de Hacienda, y designó a dos personas jóvenes provenientes del partido Evolución Política, de centroderecha liberal y conocidos por ser más dialogantes que sus antecesores.

Para el martes fue convocada en las redes una gran marcha al cumplirse 12 días del estallido social que comenzó con el rechazo al aumento del precio del metro, siguió con generalizados ataques a farmacias, supermercados y al propio tren subterráneo -que quedó con menos de la mitad de sus estaciones habilitadas- y derivó en multitudinarias concentraciones en todo el país.

Los manifestantes demandan desde mejores pensiones, salud y educación a rebajas en los servicios públicos, medicamentos, viviendas sociales e impuestos al patrimonio.

Piñera ofreció pequeños incrementos a las pensiones más bajas y al salario mínimo, un alza en los impuestos a los que ganan más de 11.000 dólares mensuales, rebajas en los precios de los medicamentos y la electricidad, además de una disminución de los salarios y asignaciones de los parlamentarios, que oscilan entre los 27.000 y 44.000 dólares al mes.

Manuel Campos, un arquitecto de 65 años, dijo a The Associated Press que espera que ningún grupo “se apropie de la dictación de una nueva constitución” en una asamblea constituyente donde “el que grite más fuerte va a imponer sus ideas”.

En el segundo mandato de la presidenta Michelle Bachelet (2014-2018) se realizaron 200.000 cabildos ciudadanos en los que se habló de una nueva carta magna que se tradujo en un proyecto de ley para cambiar la constitución a cinco días de dejar el poder en 2018.