Parlamento de Panamá abre debate de reforma constitucional contra corrupción

El Parlamento de Panamá inició este martes la discusión de una reforma constitucional impulsada por el Ejecutivo que busca reforzar la institucionalidad para combatir la corrupción, que deberá ser aprobada antes del próximo 31 de octubre para mantener viva la aspiración de que sea sometida a referendo popular en 2020.

La reforma a la Constitución vigente desde 1972 es una promesa de campaña del presidente Laurentino Cortizo, quien asumió el poder el 1 de julio y presentó, mediante su vicepresidente, José Gabriel Carrizo, el paquete de 40 artículos ante la Asamblea Nacional (AN) el día 17 de ese mismo mes.

Para que entren en vigor los cambios constitucionales deberán ser aprobados por dos legislaturas distintas de la AN y luego ser ratificados en un referendo popular, que es uno de los mecanismos que establece la Carta Magna para su modificación. Otro es la Asamblea Constituyente Paralela.

El Gobierno de Cortizo ha dicho que aspira que la consulta popular se haga en el 2020, por lo que las reformas planteadas deberán ser aprobadas en tres debates por la actual legislatura que culmina el 31 de octubre y por la próxima, que comenzará en enero y se desarrollará hasta abril.

Además de la propuesta presentada por el Ejecutivo, que fue elaborada durante nueve meses por el ente civil Consejo Nacional para la Concertación y el Desarrollo, el pleno parlamentario compuesto por 71 diputados discutirá otras iniciativas recolectadas durante una ronda de consultas nacionales celebrada hasta la semana pasada por la comisión legislativa de Gobierno y Asuntos Constitucionales.

Leandro Ávila, presidente de esa comisión y diputado del oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD), de amplia mayoría parlamentaria, ha dicho que durante las consultas nacionales se recibieron cerca de 80 propuestas.

El pleno legislativo se declaró la noche del lunes en "sesión permanente" y decidió discutir a partir de este martes las reformas "por bloques de artículos", y que la votación sí se hará artículo por artículo.

Las propuestas incluyen modificaciones en temas relacionados con la administración de justicia, el Órgano Judicial, el Parlamento, salud, medicamentos, nombramientos de magistrados, la Caja de Seguro Social (CSS), medioambiente, descentralización, educación y salud, entre otros.

Uno de los cambios más respaldados por los grupos de opinión es que tanto los jueces del Supremo como los diputados de la AN sean investigados y procesados por el Ministerio Público, a diferencia de ahora, cuando los legisladores son procesados por los magistrados de la máxima corte y estos por los parlamentarios.

Otro tema álgido es el relativo a limitar a una sola la reelección de los diputados (ahora es indefinida), algo que los mismos parlamentarios reconocen encenderá los debates, como comentó este martes a Efe la diputada del PRD y vicepresidenta del Parlamento, Zulay Rodríguez.

La diputada remarcó que en el Parlamento se dará una discusión "para que haya una verdadera democracia que respete la institucionalidad", y expresó que está segura de que la reforma será aprobada en esta primera legislatura.

La exaspirante a candidata presidencial del PRD sostuvo además que planteará que se eleve a rango constitucional el tema de una política de control migratorio "para que realmente se respeten a los nacionales", un tema que, dijo, no se incluyó en la propuesta presentada por el Ejecutivo.

El diputado independiente Juan Diego Vásquez dijo a Efe que él y los otros cuatro legisladores sin partido "van a dar el todo por el todo para sacar de esta oportunidad lo mejor para el país", aunque aclaró que "hubiese preferido el método de la Asamblea Constituyente Paralela" para acometer la reforma.

Vásquez indicó que el tiempo para el debate que arrancó este martes en el pleno está "un poco justo", y aseveró no se puede llevar el tema a sesiones extraordinarias pues la Constitución dice que es hasta el final de la legislatura, "o sea que tenemos obligatoriamente hasta el 31 de octubre".

El diputado independiente consideró que además de la institucionalidad, en esta reforma a la Constitución también "hay que asegurar los derechos sociales de las personas" y "la cobertura universal de la salud pública", entre otros.