ODEBRECHT PERÚ
Corren riesgo la vida de fiscales y testigos del caso Alan García, según fiscal
Miguel Atala, exvicepresidente de Petroperú / EFE
El fiscal peruano José Domingo Pérez, a cargo de las investigaciones por los sobornos presuntamente cobrados por el fallecido expresidente Alan García en el caso Odebrecht, denunció que la vida de los investigados y de los propios fiscales corre riesgo por parte de un "grupo radical" del Partido Aprista Peruano.
Pérez pidió investigar quiénes conforman ese colectivo denominado "Fuerza de Choque" dentro del partido político que lideraba García, quien hace dos semanas se suicidó con un disparo de arma de fuego en la sien cuando iba a ser detenido por los indicios de los sobornos que recibió de Odebrecht.
"Es un grupo radical que estaría buscando atemorizar y amedrentar a quienes pueden declarar a favor del Ministerio Público", apuntó Pérez.
El fiscal advirtió que "no se podrán continuar las investigaciones debidamente" si no se logra identificar a los miembros de ese grupo.
"No solo corre riesgo la integridad física y la vida de los investigados que quieran colaborar con la Fiscalía sino también los testigos y de los fiscales que estamos a cargo del caso", señaló Pérez.
El magistrado realizó la advertencia a la salida de la audiencia judicial donde reveló que el exvicepresidente de la estatal Petroperú Miguel Atala, uno de los dos presuntos testaferros de García, confesó y relató la manera en que se tramitaron los sobornos para el expresidente peruano.
En su declaración Atala resaltó que teme por su vida ante la existencia de esta "Fuerza de Choque" dentro del Partido Aprista, motivo por el que Pérez pidió que quede bajo arresto domiciliario con custodia policial en lugar de en prisión preventiva.
Un grupo de policías llegó este miércoles a primera hora al domicilio de Atala para efectuar el arresto y la incertidumbre cundió por momentos cuando nadie abrió la puerta durante cerca de una hora.
Atala reveló que los 1,3 millones de dólares que había cobrado de Odebrecht en una cuenta de la Banca Privada de Andora (BPA) eran sobornos para García y no el dinero de la venta de un terreno a la constructora brasileña como inicialmente había declarado.
El empresario se acogió a la colaboración eficaz (delación premiada), que consiste en reconocer los delitos y ayudar a identificar a otros que participaron en los mismos a cambio de beneficios en una eventual condena.
Así pudo evitar la prisión preventiva de la que no escapó Luis Nava, leal exsecretario de Presidencia de Alan García que aparentemente recibió unos 4 millones de dólares en sobornos para el exmandatario.
La confesión de Atala marca un hito en la investigación del caso Odebrecht ya que por primera vez se logra un indicio de delito directamente contra García, quien hasta ahora había salido indemne de todas las acusaciones de corrupción que acumuló en sus dos mandatos presidenciales (1985-1990 y 2006-2011).
Desde el Partido Aprista el exministro Jorge Del Castillo y su portavoz parlamentario Mauricio Mulder han intentado descalificar el testimonio de Atala por considerar que intenta librarse de la prisión por la "vía fácil" que es inculpar a un muerto.
El caso Odebrecht también tiene imputados a los expresidentes Alejandro Toledo (2001-2006), sobre quien pesa un pedido de extradición pendiente de ser resuelto por Estados Unidos; Ollanta Humala (2011-2016), quien ya pasó nueve meses en prisión preventiva; y Pedro Pablo Kuczyski (2016-2018), a quien recientemente se le dictó 36 meses de arresto domiciliario.
Los sobornos que la compañía brasileña reconoció haber pagado en una docena de países de Latinoamérica también estuvieron acompañados en Perú de donaciones irregulares a las campañas electorales de los principales candidatos a la presidencia, y por ello la líder opositora Keiko Fujimori lleva en prisión preventiva desde noviembre.