Prorrogan la detención de Ana Julia Quezada por muerte de Gabriel

Un juez español decidió prorrogar hasta mañana la detención de la dominicana Ana Julia Quezada, que el martes confesó a las fuerzas de seguridad que había matado al niño de ocho años Gabriel Cruz, un caso que ha conmocionado a toda España desde su desaparición, el 27 de febrero.

Esa prórroga es para realizar nuevas pruebas, por lo que la mujer declarará mañana de nuevo en los juzgados de Almería, provincia del sureste español donde ocurrieron los hechos, informaron a Efe fuentes judiciales.

Las fuerzas de seguridad detuvieron a Quezada en la localidad almeriense de Vícar (sur) el domingo, y encontraron el cadáver del niño en el maletero del vehículo que conducía.

La mujer, de 44 años, aseguró que lo mató después de que él la agrediera durante una discusión por un hacha el mismo día de la desaparición, en el pueblo Las Hortichuelas de Níjar, también en el sur del país.

Según su versión, ella golpeó al niño con la parte roma del hacha -encontrada por las fuerzas de seguridad- y luego lo asfixió.

Posteriormente escondió el cadáver del menor en un pozo de una finca del padre del niño, hasta que ella lo sacó y lo trasladó a Vícar.

Quezada, pareja sentimental del padre, se había implicado en la búsqueda y en los actos de apoyo a los padres del muchacho, Ángel Cruz y Patricia Ramírez, cada vez más angustiados.

Incluso hizo declaraciones a los medios entre sollozos temiendo por la vida del pequeño, cuando, según su propia confesión, ya lo había matado.

Sin embargo, era investigada desde que el pasado sábado 3 de marzo avisara a los agentes de haber descubierto, supuestamente, una camiseta blanca con restos del ADN de Gabriel en una zona que ya había sido rastreada.

Desde un primer momento, decenas de personas (a veces más de 200) entre profesionales y voluntarios buscaron a Gabriel intensamente en un radio de hasta doce kilómetros desde el lugar de la desaparición.

Mientras tanto, las declaraciones solidarias procedentes de los sectores sociales, la política y las instituciones se multiplicaban. Y la prensa, especialmente las emisoras de televisión, seguían el caso con gran interés.

Las muestras de dolor se desbordaron tras encontrarse al niño muerto. Poco después el embajador de la República Dominicana en Madrid, Olivo Rodríguez Huertas, se mostró consternado.

"Nos habéis llevado en volandas a buscar a nuestro hijo. Nos habéis llevado en brazos. Nos habéis tenido fuertes buscando a Gabriel. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y por el cariño que nos habéis dado", dijo el padre tras el funeral multitudinario oficiado el martes en la catedral de Almería.

Las redes sociales fueron especialmente activas, donde los internautas publicaron infinidad de imágenes solidarias de peces, en alusión a la pasión del niño por estos animales. No en balde, la madre lo llamaba "pescadito" cariñosamente.

Pero también en las redes se desató la ira contra Quezada tras ser detenida. Varias personas intentaron agredirla el lunes a la salida del registro de su vivienda, aunque agentes de la Guardia Civil lo impidieron.

Una quincena de personas se concentraron hoy junto a los juzgados de Almería al grito de "¡asesina, criminal!". La ONG SOS Racismo de Madrid ha rechazado las amenazas e insultos que está recibiendo Quezada.

Por otra parte, según la hipótesis de la investigación, Quezada pudo actuar movida por los celos hacia el niño, después de que el padre rechazara irse con ella a República Dominicana, y dejar al niño en España.

Quezada llegó en 1995 a Burgos (norte de España) procedente de su país, y se instaló junto a una hija.

Posteriormente se casó con un español y tuvo otra niña. La mayor de ellas falleció en 1996 al caer desde una ventana de la vivienda de Burgos a un patio interior, un caso que se cerró como una muerte accidental.

La muerte del niño Gabriel Cruz ha ocurrido en pleno debate político y social en España sobre la pena de prisión permanente revisable, prevista para asesinatos especialmente graves.

La mayoría de la oposición cuestiona sus fines y eficacia y quiere que sea derogada por el Parlamento, que mañana debatirá esta cuestión.

Familias españolas cuyos hijos, algunos menores, fueron secuestrados y asesinados han recogido más de 2,5 millones de firmas para pedir que no se suprima esa pena.