Ex fiscal venezolana pide a la CPI investigar a Maduro

La ex fiscal general venezolana Luisa Ortega pidió el jueves a la Corte Penal Internacional que investigue al presidente de Venezuela Nicolás Maduro y a otros cuatro funcionarios por crímenes contra la humanidad.

Ortega acudió el jueves por la mañana a la sede del tribunal mundial, acompañada por asesores con carpetas abultadas.

La ex fiscal general dijo que le entregó al tribunal más de 1.000 evidencias _informes forenses, entrevistas con testigos y testimonios de expertos_ que vinculan a las fuerzas de seguridad venezolanas con más de 8.000 asesinatos desde 2015.

Ortega afirmó que el gobierno de Maduro “debe pagar por estos crímenes contra la humanidad, así como también deben pagar por el hambre, la miseria y la penuria que le han infligido al pueblo venezolano”.

Afirmó que llevaba sus denuncias a la instancia internacional porque en Venezuela no es posible que los culpables reciban castigo ya que el partido socialista gobernante domina el poder judicial.

Venezuela es uno de los más de 120 países que ratificaron el tratado de creación de la CPI. Sin embargo, no es cosa segura que el fiscal principal de la Corte, Fatou Bensouda, haga lugar al pedido de Ortega. Su oficina recibe cientos de denuncias similares por año.

En el pasado, la fiscalía recibió otras denuncias de presuntos crímenes políticos de las autoridades venezolanas contra la oposición política. En 2006 se negó a iniciar una investigación, pero aclaró que se podía revisar la decisión “a la luz de nuevos hechos o pruebas”.

Más de 120 personas murieron y otros cientos fueron encarcelados o heridos durante los meses de movilizaciones contra el gobierno venezolano en los primeros meses del año. Varios gobiernos y las Naciones Unidas criticaron la represión.

Ortega dirige desde el exilio una campaña para desacreditar al gobierno de Maduro, alegando violaciones de los derechos humanos y la corrupción de los altos funcionarios.

La ex fiscal general huyó del país en agosto al ser destituida por una nueva asamblea constituyente, leal a Maduro. Por ley, solo la Asamblea Nacional (Parlamento), una de las pocas instituciones dominadas por la oposición, puede destituir al fiscal general, y muchos gobiernos extranjeros se han negado a reconocer al sucesor de Ortega.