Empresa de cruceros Princess, de Carnival, pagará millonaria multa por contaminación

La línea de cruceros Princess, subsidiaria de Carnival, aceptó su culpabilidad en un caso de contaminación marina y deberá pagar 40 millones de dólares de multa, la "mayor" para este tipo de daños ambientales, informó ayer la Fiscalía de Estados Unidos.

Princess Cruise Lines Ltd., con sede en Santa Clarita (California), acordó con la Fiscalía declararse culpable de siete cargos criminales, entre ellos el de encubrimiento en un caso de contaminación ambiental, señaló ayer Wilfredo Ferrer, fiscal del Distrito Sur de Florida.

Las acusaciones están relacionadas con el "vertido ilegal de desechos contaminados con petróleo del crucero Caribbean Princess", vinculados a paradas en puertos de nueve estados de Estados Unidos y dos de sus territorios, Puerto Rico y las Islas Vírgenes, precisó la Fiscalía.

Carnival Cruise, con sede en Miami (Florida), es propietaria y operadora de múltiples líneas de cruceros y, en conjunto, comprende la compañía de embarcaciones de recreo más grande del mundo.

"La conducta que se está tratando hoy (ayer) es particularmente preocupante porque las compañías de Carnival tienen una historia documentada de violaciones ambientales", se lamentó Ferrer.

Como parte del acuerdo con la Fiscalía, ocho de las líneas de Carnival, entre ellas Carnival Cruise Line, Holland America Line N.V., Seabourn Cruise Line Ltd. y AIDA Cruises, estarán bajo un programa de supervisión ambiental durante cinco años.

La Fiscalía aseguró en un comunicado que las descargas contaminantes se iniciaron en 2005, un año después de que el barco Caribbean Princess comenzara a operar.

Precisó que la multa millonaria es "la mayor sanción criminal por contaminación deliberada a cargo de embarcaciones".

Los investigadores estadounidenses comenzaron a investigar las acciones del buque después de que un "ingeniero soplón" de la empresa de cruceros, informó de un vertido ilegal (de unos 4.227 galones contaminantes) en la costa noreste de EE.UU. en agosto de 2013.

Dos ingenieros jefes "ordenaron el encubrimiento, incluyendo la eliminación de la tubería mágica (que usaban para los vertidos ilegales) y también ordenaron a sus subordinados mentir", precisó la Fiscalía.

El ingeniero que alertó a la Guardia Costera y a otras autoridades sobre la contaminación había sido contratado poco antes de que hiciera las denuncias, y renunció cuando alertó de la situación.