Un Congreso salpicado por la corrupción decide el futuro de Rousseff

Más de un centenar de legisladores del Congreso brasileño que decide el futuro de la presidenta, Dilma Rousseff, tiene cuentas pendientes con la Justicia o está bajo investigación.

El pleno de la Cámara Baja, compuesto por 513 legisladores, debate en una sesión maratoniana -que comenzó el viernes y concluirá con la votación de este domingo- si existen motivos para avanzar en un juicio político con fines destituyentes contra Rousseff.

Lo más sorprendente es que, al menos 50 de esos legisladores están acusados de delitos -en su mayoría vinculados con corrupción- y otro centenar está bajo investigación.

Ningún tribunal ha acusado a Dilma Rousseff, pero la oposición sostiene que existen motivos para su destitución por maquillar las cuentas públicas en 2014 y 2015, modificar los presupuestos por decreto y contratar créditos con la banca pública.

Una acusación, denuncia el gobernante Partido de los Trabajadores (PT), que esconde un intento "golpista" de tumbar al Ejecutivo.

Entre los "verdugos" de Rousseff está su vicepresidente, Michel Temer, del poderoso Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que asumiría la Presidencia si finalmente prospera la destitución de la mandataria y quien enfrenta también una amenaza de juicio político.

El otro gran impulsor del "impeachment" (proceso de destitución) es Eduardo Cunha, portavoz de la Cámara baja, del PMDB, acusado de lavado de dinero, de recibir sobornos y de mantener en secreto cuentas opacas en el exterior.

Pero Cunha no es el único. En las filas del PMDB, que durante décadas ha actuado como la llave de los gobiernos de distintos colores políticos, hay otros dirigentes con causas pendientes con la Justicia.

El presidente del Senado, Renan Calheiros (PMDB), está bajo investigación por supuestos sobornos en negocios para la petrolera estatal Perobras.

La lista de investigados también es larga en el PT, empezando por el propio expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, en la mira de la Justicia por su presunta vinculación con la corrupción en Petrobras.

Lula no está en el Parlamento, pero varios legisladores del PT arrastran causas pendientes por corrupción, en su mayoría vinculados con el escándalo de la petrolera.

El Senado replica el modelo. De los 81 senadores que tendrán en sus manos el futuro de Rousseff si el Congreso da mañana luz verde al "impeachment", varias decenas tienen asuntos legales pendientes.

Entre ellos Gleisi Hoffman, jefa del Gabinete de Rousseff durante su primer mandato, investigada por el escándalo Petrobras.

La corrupción se extiende como un mal endémico entre la clase política brasileña y salpica también a partidos más modestos, como el PP, el Partido Progresista, con varios de sus miembros investigados por el caso de la petrolera.

Tampoco las malas experiencias parecen servir de escarmiento a algunos políticos, como al expresidente Fernando Collor de Mello, que tuvo que renunciar al cargo en 1992 en medio de un "impeachment" -similar al de Rousseff- y ahora es investigado por sus presuntos vínculos con las irregularidades en Petrobras.

Al escándalo de la gestión de Collor de Mello siguió un rosario de casos en los últimos años, como el Mensalao (2005), la llamada mafia de las ambulancias (2006) -un grupo de legisladores que desviaba fondos destinados a la compra de estos vehículos- o el último, el de Petrobras, destapado en las investigaciones del "Lava Jato", un proceso que comenzó indagando el fraude en cadenas de lavado de autos y gasolineras y que ha sacudido al sistema político del país.

Casos como estos hacen que Brasil aparezca en el puesto número 76 del Índice de Percepción de la Corrupción de la ONG Transparencia Internacional sobre un conjunto de 168 países.

Para Manuel Sanches, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ), a pesar de estos datos "no existe una crisis institucional, pero sí de credibilidad" "La población ya no respeta a las autoridades. La credibilidad se perdió debido a una tensión entre los poderes. El Ejecutivo ataca al Legislativo de una manera muy violenta y viceversa", explica a Efe.

"La información sobre casos de corrupción, como el de Petrobras, mina la credibilidad de la propia presidenta, de los ministros, de los expresidentes y de los representantes del legislativos", continúa.

En este escenario, no es de extrañar que miles de brasileños hayan decidido en las últimas semanas no tomar partido ni por Rousseff ni por sus detractores y hayan salido a las calles a gritar "Fuera Todos".